Resistiendo a la COVID-19 y levantando las voces desde el encierro:

análisis de cartas públicas de mujeres recluidas en prisiones de

Lima, Perú
(Resisting COVID-19 and raising voices from behind prison walls: Analysis of
public letters from women in prison in Lima, Peru)
OÑATI SOCIO-LEGAL SERIES, VOLUME 12 ISSUE 5 (2022), 1267–1286: JUSTICIA TRANSICIONAL,
PROCESOS LOCALES Y NUEVAS SUBJETIVIDADES
DOI LINK: HTTPS://DOI.ORG/10.35295/OSLS.IISL/0000-0000-0000-1252
RECEIVED 07 JULY 2021, ACCEPTED 08 NOVEMBER 2021, FIRST-ONLINE PUBLISHED 27 JANUARY 2022,
VERSION OF RECORD PUBLISHED 1 OCTOBER 2022

LUCÍA BRACCO BRUCE ∗

ADRIANA HILDENBRAND MELLET ∗
ANA SOFÍA CARRANZA RISCO∗
VALERIA LINDLEY LLANOS ∗

Resumen
Un aumento exponencial de la población penitenciaria en las últimas décadas da
luces de un giro punitivo que potenció una crisis del sistema penitenciario y ubica a las

Agradecemos a Maria Julia Ardito de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) por el acceso a todas
las cartas y la lectura de nuestro manuscrito.
∗ Doctora en Estudios de las Mujeres y de Género por la Universidad de Warwick, Reino Unido. Magíster

en Estudios de Género y Licenciada en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP). Investigadora en las áreas de prisiones, castigos y espacios de confinamiento de mujeres, violencia
de género, la intersección de género y cultura, y el concepto de agencia. Dirección de email:
lucia.bracco@pucp.pe
∗ Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Berna, Suiza. Licenciada en Psicología

Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y diplomada en Políticas Públicas para la
igualdad en América Latina por CLACSO. Investigadora del Grupo de investigación en Psicología Forense
y Penitenciaria y del Grupo de investigación en Psicología Comunitaria de la PUCP. Sus principales líneas
de investigación son la salud mental, identidades y derechos humanos en contextos penitenciario, educativo
y post-desastres. Dirección de email: adriana.hildenbrand@pucp.pe
∗ Licenciada en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Investigadora en

temas de violencia de género y prisiones. Experiencia e interés en el trabajo en el ámbito penitenciario y en

temas de salud mental comunitaria, desde los enfoques de género, derechos humanos e interseccionalidad.
Dirección de email: carranza.as@pucp.edu.pe
∗ Licenciada en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Investigadora en

temas de violencia basada en género, cárceles, mujeres recluidas, desde un enfoque de género, de derechos
humanos e interseccional. Experiencia e interés en la investigación y trabajo con poblaciones en situación de
vulnerabilidad, especialmente mujeres, niños y niñas, para la transformación social. Dirección de email:
valeria.lindley@pucp.edu.pe

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Bracco, Hildenbrand, Carranza, Lindley

personas privadas de libertad como grupo vulnerable frente a problemáticas como la

emergencia sanitaria por COVID-19. En América Latina esta vulnerabilidad aumenta
dado el hacinamiento y condiciones precarias de vida dentro de las prisiones. El presente
trabajo recupera voces invisibilizadas dentro del sistema penitenciario y desde una
metodología cualitativa, se analizan acciones de reclamo de mujeres privadas de libertad
en una prisión de Lima-Perú durante los primeros meses de la emergencia sanitaria. Se
sostiene que las mujeres privadas de libertad se posicionan para reclamar el abandono
del Estado desde tres ejes autoidentificatorios: 1. El sentido de colectividad; 2. La
resocialización enmarcada en la lógica de la categorización penitenciaria; y 3. Su rol
como reproductoras de cuidado. Se concluye que estas son estrategias de despliegue de
agencia y acciones propositivas por parte de las mujeres encarceladas.

Key words
Centros penitenciarios; movilización social; derechos humanos; género

Abstract
Over the last few decades, an exponential increase in the prison population
highlights the punitive turn that has led to a crisis in the penitentiary system and makes
prisoners a vulnerable group for health emergencies such as the COVID-19. In Latin
America, this vulnerability increases due to overcrowding and precarious living
conditions inside prisons. This paper recovers silenced voices within the prison system.
From a qualitative methodology, we analyze the claim actions of women prisoners at a
prison in Lima-Peru during the first months of COVID-19. We identify that women
deprived of their liberty position themselves to claim the State's abandonment from
three self-identifying axes: 1. The sense of collectivity; 2. The resocialization process
framed in the logic of prison categorization; and 3. Their role as reproducers of care. It is
concluded that these are strategies for the deployment of agency and proactive actions
of imprisoned women.

Palabras clave
Prisons; social mobilization; human rights; gender

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 Resistiendo a la COVID-19…

Table of contents
1. Introducción ...................................................................................................................... 1270
1.1. El populismo punitivo y la población penitenciaria femenina en el Perú ...... 1270
1.2. El sistema penitenciario en el Perú y la respuesta institucional
a la COVID-19 ................................................................................................................ 1272
2. Cartas públicas como Acción Colectiva de Reclamo en establecimientos
penitenciarios ........................................................................................................................ 1273
2.1. El lugar-espacio desde donde se escriben las cartas .......................................... 1275
2.2. Las autoras de las cartas ........................................................................................ 1276
3. Qué y cómo reclamar durante la emergencia sanitaria desde una prisión para
mujeres ................................................................................................................................... 1276
3.1. Los reclamos, pedidos y propuestas de las cartas .............................................. 1276
3.2. La autorrepresentación de las mujeres privadas de libertad en las cartas ..... 1277
4. Reflexiones finales ............................................................................................................ 1282
Referencias ............................................................................................................................ 1283

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Bracco, Hildenbrand, Carranza, Lindley

1. Introducción
Desde las primeras semanas de declarada, la emergencia sanitaria por la COVID-19
impactó distintos espacios y dinámicas sociales a nivel global. En América Latina resulta
particularmente importante mirar en detalle las maneras en que la crisis evidenció
pendientes de los Estados en términos de garantía de derechos a sus poblaciones y las
formas en que ciudadanos y ciudadanas se posicionaron como interlocutores que
presionan y negocian formas de respuesta según sus necesidades.
Los establecimientos penitenciarios no estuvieron exentos de situaciones de crisis por la
COVID-19, ni de ciudadanos y ciudadanas que, aunque generalmente se encuentran
invisibilizados, también ejercieron presión y buscaron evidenciar sus necesidades por
medio de acciones de reclamo. El presente texto analiza cartas públicas difundidas en
plataformas de redes sociales, las cuales hemos definido como acciones de reclamo, de
mujeres privadas de libertad en Lima, Perú, durante los primeros meses de dicha
emergencia sanitaria. En el artículo, primero damos cuenta de aspectos vinculados al
crecimiento y al perfil de la población penitenciaria femenina en América Latina y la
respuesta ante la COVID-19 en los establecimientos penitenciarios por parte del Estado
peruano. Segundo, detallamos el contexto desde donde se realiza la investigación del
artículo, centrándonos en el establecimiento penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos,
lugar-espacio desde donde se escriben las cartas públicas y del perfil de las mujeres que
las escriben. Finalmente, nos enfocamos en tres ejes de análisis que dan cuenta de los
sentidos de autoidentificación de las mujeres que desprenden las cartas escritas por las
mujeres privadas de libertad. Los ejes analizados son: 1. El sentido de colectividad; 2. La
resocialización enmarcada en la lógica de la categorización penitenciaria; y 3. Su rol
como reproductoras de cuidado.

1.1. El populismo punitivo y la población penitenciaria femenina en el Perú

Con la finalidad de contextualizar y brindar información base sobre procesos vinculados
al encarcelamiento en la región, empezaremos por plantear aspectos clave sobre el
populismo punitivo y el aumento de la población penitenciaria en América Latina,
algunas características del sistema penitenciario peruano y las medidas tomadas desde
el gobierno peruano durante los primeros meses de la pandemia para prevenir y afrontar
la COVID-19 en los establecimientos penitenciarios.
En los últimos treinta años, los gobiernos de América Latina han aplicado políticas
neoliberales que, en convergencia con discursos locales (Macaulay 2019), han impulsado
un Estado orientado a la Seguridad (Daroqui 2008), el cual legitima discursos punitivos
que impactan en la legislación penal y en la organización penitenciaria (Cacopardo y
Malacalza 2019). Como consecuencia, entre el 2000 y el 2018, aumenta exponencialmente
la población penitenciaria en América Latina (Nuñovero 2019), convirtiendo a la región
en la nueva zona de encarcelamiento masivo (Darke y Garcés 2017). Si bien explicar la
transformación en las tasas de encarcelamiento requiere el análisis de múltiples variables
socio-jurídicas y políticas, las prácticas y procedimientos judiciales y las inclinaciones
ideológicas de los gobiernos y regímenes (Macaulay 2013), de manera muy breve y
general, resaltamos algunos factores, como el aumento de los niveles de criminalidad y
percepción de inseguridad ciudadana, la retórica del populismo punitivo y las políticas
de lucha contra las drogas (Daroqui 2008, Sozzo 2016, Darke y Garcés 2017).

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 Resistiendo a la COVID-19…

En relación al populismo punitivo en América Latina, diversos autores han analizado su

incidencia a partir de cómo las políticas públicas relacionadas al sistema de justicia
aumentan las tasas de encarcelamiento y hacinamiento en las prisiones. No obstante,
también explicitan la necesidad de prestar mayor atención a cómo evolucionan o se
transforman las instancias políticas y estatales en la región y cómo se ven atravesadas
por una cultura política (Hathazy y Müller 2016, Sozzo 2016). En esa línea, Limoncelli et
al. (2020) ofrecen una perspectiva macro-política que ofrece una mirada sistémica del
fenómeno. han llevado a cabo un estudio estadístico sobre la relación entre los índices
de encarcelamiento y hacinamiento de las prisiones entre el 2010 y 2017 en los países
latinoamericanos y los niveles de estabilidad política y efectividad del gobierno, entre
otras variables. Los autores sugieren que la eficacia del gobierno y la estabilidad política
están positiva y significativamente vinculadas a un aumento de la tasa de
encarcelamientos, y a su vez, la eficacia del gobierno está asociada a una reducción
significativa del nivel de hacinamiento en las cárceles. Por lo tanto, es interesante que,
en diálogo con las investigaciones que demuestran el giro punitivo en América Latina,
los resultados puedan demostrar la idea de que, si el gobierno funciona efectivamente y
con cierta estabilidad, supone el aumento de ciudadanos encarcelados, y la construcción
de más instituciones penales. Como señala Biondi (2019), cuando el Estado no es el
proveedor de bienestar, sino más bien un instrumento de control, pedir más Estado es
comprometerse con el discurso de más control, más castigo y más cárceles. En esta línea,
actualmente la tasa penitenciaria en el Perú es de 278 por cada 100 mil ciudadanos
(Nuñovero 2019), con un total de 96.870 personas bajo control del sistema penitenciario,
95% hombres y 5% mujeres (Instituto Nacional Penitenciario [INPE] 2020).
En el caso específico de la población penitenciaria femenina, esta también ha
incrementado en América Latina en las últimas décadas, especialmente por las políticas
draconianas en temas de comercialización y el transporte de drogas (Giacomello 2017,
Ojeda 2017). Cabe, en este sentido, detenerse en el perfil de la población penitenciaria
femenina en el Perú.
A grandes rasgos, consideramos que frente a la masificación del encarcelamiento se
produce una selectividad punitiva en relación a las poblaciones que se encuentran
política-socialmente excluidas (Garland 2001, Wacquant 2004). En el caso de la región,
coincidimos con autoras latinoamericanas que sostienen que las mujeres encarceladas
son la representación de las imbricaciones de múltiples opresiones (Tabbush y Gentile
2014, Campos 2014, 2016, Arduino 2019) que funcionan dentro de jerarquías localizadas
de clase, raza y género. De manera concreta, el primer censo nacional de población
penitenciaria (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] 2016) ofrece algunos
datos demográficos interesantes sobre las mujeres privadas de libertad. El 61% tiene
entre 25 y 44 años de edad, 59% están solteras y 88.3% son madres. La mayoría de las
mujeres encarceladas (alrededor del 58%) no ha completado la escuela primaria o
secundaria. En cuanto a la situación laboral, el 86% se dedicaba a las labores del hogar
antes de su encarcelamiento. En cuanto a la etnia, el 16% se autoidentifica como quechua
o aymara, y el 7,7% como afroperuana. Acerca de su relación con el sistema de justicia,
el 51% se encuentra en situación de procesada, 59% se encuentra en prisión por un delito
vinculado al tráfico ilícito de drogas, el 68,5% está en prisión por primera vez, mientras
que el 95,3% no usó ningún arma en el delito que se le impugna y el 90% no había
consumido ninguna droga en el momento de cometer el delito. En resumen, se trata de

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Bracco, Hildenbrand, Carranza, Lindley

un grupo compuesto en su mayoría por mujeres jóvenes y de mediana edad, que son
predominantemente pobres, desempleadas o subempleadas, solteras y con hijos a su
cargo, y que estaban involucradas en delitos mayormente no violentos, particularmente
asociados a delitos de tráfico de drogas.

1.2. El sistema penitenciario en el Perú y la respuesta institucional a la COVID-19

En el Perú, el órgano responsable de los establecimientos penitenciarios es el Ministerio
de Justicia y su administración se encuentra a cargo del Instituto Nacional Penitenciario
(Nuñovero 2019). En el Perú existen 68 cárceles, 14 para hombres, 13 para mujeres y 41
“mixtas”, habilitadas para un total de 40.137 personas. El mayor problema de los E.P. en
América Latina es la sobrepoblación (Carranza 2012, Nuñovero 2019). El aumento de los
índices de encarcelamiento en las últimas décadas tiene como principal consecuencia el
hacinamiento de las cárceles con condiciones de vida precarias e inhumanas (Bergman
2020). En Perú, hay un 232% de ocupación carcelaria (Nuñovero 2019) e incluso 23
cárceles peruanas custodian a más del triple de su capacidad de albergue (INPE 2020).
En el 2017, con el decreto legislativo 1325, se declaró la emergencia del sistema nacional
penitenciario en el Perú, alegando una crisis que se remonta a décadas atrás y se atribuye
a la sobrepoblación e insuficiencia de medios económicos y de personal para garantizar
el tratamiento, la salud y la seguridad. De esta manera, con la declaración de emergencia
se vuelve a enfatizar acerca de las condiciones de insalubridad y precariedad dentro de
las instituciones penitenciarias, las cuales han sido motivos reiterados de denuncia por
parte de diversos organismos nacionales, internacionales y por las mismas personas
privadas de libertad (PPL). De manera estructural, los establecimientos penitenciarios
son usualmente focos de propagación de enfermedades contagiosas. Por ejemplo, las
posibilidades de contagio de VIH son 5 veces mayores que para el resto de la población
y la dificultad para controlar el contagio de tuberculosis dentro de las cárceles peruanas
se refleja en un 4,3% de la población privada de libertad contagiada, donde cerca de la
mitad no accede a tratamiento (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]
2016).
En el Perú, como sucede en otras regiones de América Latina, este hecho se agrava por
la insuficiencia de personal médico. De acuerdo con un informe de la Defensoría del
Pueblo elaborado en el 2018, solo trabajaban 64 médicos/as a nivel nacional. Es decir, un
ratio de un médico/a por cada 1.413 persona en prisión, sin considerar la marcada
centralización y distribución desigual de los recursos humanos en las prisiones del país,
ubicándose la mayor parte de personal médico en las prisiones de las ciudades grandes.
Así, por ejemplo, en el 2018, trabajaban en Lima, la capital, 41 médicos/as, mientras que
en la región San Martín, ubicada en el Norte del país y colindante a la Amazonía,
disponía de uno solo para 9 prisiones y más de 5000 PPL.
Al inicio de la pandemia, como plantean Lindley y Hildenbrand (2020), las prontas
respuestas para prevenir la propagación de la COVID-19 en los establecimientos
penitenciarios en el Perú tuvieron distintos grados de eficiencia. Por un lado, se restringe
el ingreso de las visitas, se suspende temporalmente la asistencia de trabajadores/as del
área de tratamiento y se promueven protocolos de desinfección y aislamiento en casos
de contagio. Asimismo, se destina en los primeros meses de la pandemia un fondo de 10
millones de soles (aprox. 3 millones de dólares) para la mejora de infraestructura de agua

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 Resistiendo a la COVID-19…

y desagüe y la compra de artículos de bioseguridad. Además, se presentó la propuesta

para la liberación de 10,000 PPL en abril con la finalidad de deshacinar las prisiones.
No obstante, en el Perú, la crisis sanitaria se está produciendo en convergencia con una
fuerte y desestabilizadora crisis política que ha incrementado la ya marcada
incertidumbre y precariedad institucional. Así, Hildenbrand y Bracco (2020) y el Grupo
de Investigación en Psicología Forense y Penitenciaria [GIPFP] (2020) identifican cómo,
sumado a la poca voluntad política para velar por los derechos de las personas privadas
de libertad, la inestabilidad política condujo a que, entre marzo y junio, se generaron tres
cambios de la máxima autoridad institucional del INPE, se gestione solo un 10% del
presupuesto asignado y se libere únicamente a 1.067 personas (10,6% de la meta). Más
allá de los protocolos formales, la realidad de los establecimientos penitenciarios es que
muchos no tienen agua potable, carecen de personal y equipamiento médico y de
bioseguridad, el hacinamiento no permite el aislamiento y distanciamiento social y se
han restringido las visitas, quienes son fuente de apoyo afectivo y económico para las
personas privadas de libertad (Defensoría del Pueblo 2020, Vásquez 2020, Villena 2020).
Siendo ese el escenario, hasta finales de julio del 2020, se reportaron oficialmente 10,649
contagios de COVID-19 en prisiones (8249 PPL y 2.400 trabajadores/as) y 316
fallecimientos (288 PPL y 28 trabajadores/as). Para el año 2021, no se cuenta con
información pública que dé cuenta de lo que está ocurriendo dentro de los
establecimientos penitenciarios.

2. Cartas públicas como Acción Colectiva de Reclamo en establecimientos

penitenciarios
Antes de iniciar el análisis de las acciones colectivas de reclamo, consideramos necesaria
una aclaración. De manera general, cuando se analizan acciones de resistencia dentro de
los establecimientos penitenciarios, se tiende a nombrarlos como motines. Es decir, como
movimientos colectivos donde las personas privadas de su libertad se enfrentan a la
autoridad y amenazan un orden “ideal” donde el control está en los y las representantes
de la institución y la población privada de libertad acata las normas (Useem 2018). Como
autoras nos vimos cuestionadas por el lenguaje: la palabra motín está cargada de
significados y marca, a su vez, una postura sobre cómo se perciben estos actos y las
personas que los llevan a cabo (Bracco et al. 2021). Asimismo, ante los motines, se suele
visibilizar el uso de la fuerza como una herramienta legítima para impedir agresiones,
fugas y restaurar el orden y la seguridad (Cabanellas 2012). Por ello, decidimos utilizar
el término “acciones colectivas de reclamo” que, si bien no está libre de ideología, supone
un carácter más descriptivo y ubica a las protestas y motines como parte de procesos de
participación en las dinámicas intramuros. Esta terminología da cuenta de una acción en
colectividad que busca la defensa de un derecho y que su resolución implica la mejora
del bienestar social. Asimismo, el concepto incluye más no se limita a los motines, ni al
uso de la fuerza como estrategias para quebrar los esfuerzos por silenciar a la PPL. Así,
el término “acciones colectivas” amplía la mirada y da cuenta de procesos intermedios,
sutiles o considerados “grises”, permitiendo visibilizar aquellas acciones que no
encuentran la misma atención pública. Además, posibilita incorporar una mirada de
género al análisis sobre las formas de organización y reclamo por parte de la población
penitenciaria ya que se puede avanzar en el análisis de acciones que no son usualmente
consideradas, como en este caso, las cartas públicas.

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Bracco, Hildenbrand, Carranza, Lindley

Al poco tiempo de declarada la pandemia, la población privada de libertad en distintos

establecimientos penitenciarios de América Latina comenzó procesos de reclamo que
hicieron oír sus voces fuera de los muros de las prisiones (Centro de Estudios
Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia [CELIV] y Sociedad de Criminología
Latinoamericana [SOCLA] 2020). En Perú específicamente, el 18 de marzo de 2020 se
inicia lo que podría considerarse una ola de acciones colectivas de reclamo que mantuvo
cobertura mediática hasta mediados de mayo. Como es de esperar, las acciones de mayor
visibilidad fueron aquellas que incluyeron la trasgresión física del orden esperado de las
prisiones, como la toma de espacios, resistencia al encierro en los pabellones, gritos y
banderolas perceptibles en los alrededores de los establecimientos penitenciarios, y que
incluso reportaron fallecidos. Estas, tuvieron alta cobertura mediática a nivel nacional y
desataron reacciones desde organismos internacionales (Corte Interamericana de
Derechos Humanos [CIDH] 2020, Bracco et al. 2021). Durante estos meses, sin embargo,
se desplegaron también otras formas de presión desde la población recluida hacia la
institución.
Durante los meses de alta movilización y reclamo dentro de los establecimientos
penitenciarios reclamando la toma de acción para mediar el impacto de la COVID-19, el
INPE reportó pocas transgresiones al orden en prisiones para mujeres en comparación
con las de varones. Entre las acciones por parte de las mujeres, el INPE compartió, por
ejemplo, un video de llamado a la calma por parte de internas de Iquitos: la imagen
promueve la empatía con mujeres en quienes se resalta la preocupación por sus
familiares y por su entorno. En Lima, los medios de comunicación y población civil se
refirieron a la población penitenciaria femenina con especial atención al reportar el
reclamo de mujeres en la prisión Anexo Mujeres de Chorrillos en una noche del mes de
mayo, con referencias a una protesta pacífica. Sobre esa noche, los medios de
comunicación reportaron que los vecinos escuchaban “gritos desesperación” y ubicaron
a las mujeres en una posición de súplica y desesperación, que llamó la atención luego de
meses de constantes referencias a la violencia y el peligro desplegado en acciones de
reclamo en prisiones para hombres (Bracco et al. 2021).
La acción colectiva de reclamo en el establecimiento penitenciario para mujeres Anexo
Chorrillos fue más compleja de lo mencionado en aquella noche de cobertura mediática.
La organización de la acción de reclamo de las mujeres se inició antes, y se realizó a
través de cartas públicas dirigidas a autoridades penitenciarias con distintos reclamos y
pedidos.
En el presente trabajo, analizamos una carta colectiva y quince cartas individuales, 1
escritas durante el mes de mayo por mujeres privadas de libertad y difundidas a través
de redes sociales, en coordinación con organismos de la población civil, como una
manera de ejercer presión para agilizar y potencializar las medidas que debía
implementar o venía implementando el Estado en los establecimientos penitenciarios.
En ellas se reconocen estrategias de autorrepresentación utilizadas por mujeres privadas
de libertad a fin de dialogar, desde alianzas y resistencias, con la estructura penitenciaria.

1 Proponemos una mirada dialéctica entre la colectividad e individualidad. Si bien hay una carta colectiva,
las cartas individuales buscan entregarse en conjunto dando cuenta de las particularidades dentro de un
grupo considerado generalmente como homogéneo. Por tanto, hay un fortalecimiento del sentido de
colectividad dando cuenta de la heterogeneidad.

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 Resistiendo a la COVID-19…

2.1. El lugar-espacio desde donde se escriben las cartas

Las cartas analizadas fueron escritas desde el establecimiento penitenciario Anexo
Mujeres de Chorrillos, coloquialmente llamado Anexo por encontrarse al lado (ser un
anexo) del establecimiento de mujeres más grande del Perú. El establecimiento
penitenciario tiene una historia interesante: empezó su funcionamiento el 5 de abril de
1992, el mismo día que el dictador peruano Alberto Fujimori realizó el Autogolpe de
Estado con el apoyo de las fuerzas armadas. Desde ese momento, es un espacio donde
se envía a mujeres procesadas y sentenciadas por el delito de terrorismo, vinculadas a
los dos grupos que declararon la guerra al Estado peruano, el Partido Comunista
Peruano Sendero Luminoso (PCP-SL) y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru
(MRTA) (Comisión de la Verdad y Reconciliación [CVR] 2003).
Hasta el año 2006, fue considerado un establecimiento penitenciario de máxima
seguridad y empezó siendo gestionada por la policía. Es decir, en un contexto de
conflicto armado interno donde también hubo terrorismo de Estado, las mujeres
vinculadas al terrorismo permanecían 23 horas al día aisladas en sus celdas, se
restringían las visitas y hubo torturas y vulneraciones a los Derechos Humanos. En el
año 2006, se traslada la gestión al INPE, pasa a ser un establecimiento penitenciario de
mediana seguridad, se trasladan mujeres sentenciadas por delitos comunes y se
establece una clasificación según etapas de tratamiento. Actualmente, Anexo cuenta con
tres pabellones: A, B y C. Por tanto, de manera formal, las mujeres consideradas como
problemáticas o que inician su proceso de resocialización están clasificadas en el
pabellón C, aquellas que han avanzado en su proceso se encuentran en el pabellón B y
aquellas consideradas más tranquilas en el pabellón A.
¿Por qué es importante relatar la historia y la estructura de Anexo? Las mujeres
sentenciadas por terrorismo en el Perú tienen largas condenas, algunas de 25 o 30 años
sin beneficios penitenciarios. Si bien muchas ya han salido en libertad, este hecho ha
moldeado la organización interna de los pabellones y el vínculo entre la población
penitenciaria y el mundo fuera del penal. Por muchos años, las mujeres desvinculadas
al PCP-SL y al MRTA fueron ubicadas en el pabellón A, las mujeres no desvinculadas y
organizadas al pabellón B y las mujeres de delitos comunes al Pabellón C. Si bien ahora
hay una presencia mayoritaria de mujeres privadas de su libertad por delitos comunes,
se mantiene una forma de organización con normas informales que se conectan con las
normas formales penitenciarias y que son implementadas por mujeres que viven en el
establecimiento penitenciario desde hace muchos años. En ese sentido, hay diferentes
dimensiones normativas, formales e informales, así como cierta organización colectiva
dentro de los pabellones. Esta organización no implica una ideología política sino una
manera de fortalecer la coexistencia dentro del recinto. De esta manera, a diferencia del
vecino Santa Mónica, Anexo es un establecimiento que en general es bastante
estructurado y ordenado, no necesariamente por las figuras de autoridad penitenciaria,
sino por los ritmos y dinámicas establecidas entre las mujeres privadas de su libertad.
Además, la organización colectiva de las mujeres sentenciadas por el delito de terrorismo
ha permeado la cotidianeidad, instalando de manera más explícita la importancia de la
defensa de sus derechos humanos y la demanda por el cumplimiento de las leyes y
normas penitenciarias.

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Bracco, Hildenbrand, Carranza, Lindley

Asimismo, la presencia de distintas organizaciones religiosas o de Derechos Humanos

que asisten desde hace varios años, incluso décadas, implica la realización de sesiones
psicológicas, talleres de arte y literatura, entre otras actividades que se han sostenido de
manera constante en los últimos 15 años aproximadamente, principalmente en los
pabellones A y B.

2.2. Las autoras de las cartas

La carta colectiva está firmada por “las internas del Penal Anexo de Mujeres Chorrillos”,
mientras las cartas individuales reflejan la diversidad de identidades involucradas en el
proceso de reclamo: analizarlas en conjunto permite mirar en detalle la heterogeneidad
de subjetividades involucradas en las dinámicas de la prisión. Si bien las 15 cartas están
firmadas, algunas incorporan detalles sobre la persona que escribe como su edad o
nacionalidad, mientras otras se centran en el reclamo, más allá de las particularidades
de quien escribe. Considerando algunos datos que sí están presentes con mayor
sistematicidad en las cartas, podemos contar con alguna información de las autoras. Por
ejemplo, siete señalan que son madres, dos indican que no lo son y cinco no lo
mencionan. Acerca de su situación jurídica, tres se encuentran en situación de procesada
y 11 tienen sentencias entre 10 y 25 años; tres de ellas tienen menos de tres años de
prisión efectiva, cinco ya tienen más de cinco años en Anexo, dos tienen más de 10 años
en prisión, y una no lo menciona. Muchas de ellas no indican por qué han sido
sentenciadas, pero cinco sostienen que lo están por delitos vinculados al Tráfico Ilícito
de Drogas.

3. Qué y cómo reclamar durante la emergencia sanitaria desde una prisión para
mujeres
En esta sección, comenzaremos por presentar los contenidos de los reclamos y las
propuestas incorporadas por las autoras de las cartas públicas. Luego, organizaremos el
cómo se reclama siguiendo tres líneas argumentativas que se desprenden de las 16 cartas
que componen el corpus de análisis: el sentido de colectividad, la categorización
penitenciaria y el rol de reproductoras de cuidado. Veremos, a través de este análisis,
que en la estrategia de acción colectiva de reclamo no prima la transgresión y resistencia
a un orden impuesto, sino que este se entreteje con recuperación y alianzas con
valoraciones tradicionales del ser parte de la sociedad y del ser mujer.

3.1. Los reclamos, pedidos y propuestas de las cartas

Las cartas generalmente se construyen en torno a pedidos de ayuda para “salvaguardar”
o “preservar” sus vidas, sin necesariamente especificar la ruta para ello. En las cartas
individuales, las autoras explican brevemente su caso y personalizan el pedido de
“apoyo” o “ayuda”. En la mayoría de las cartas individuales, se hace referencia a
enfermedades físicas o mentales para referir su vulnerabilidad ante la pandemia y
justificar dicho pedido. Así, en 12 de las 15, se hace referencia a enfermedades físicas, ya
sea para autodefinirse: “Soy una interna que mal de salud en la mama (...)”; “soy una
persona muy vulnerable a la COVID”, o como parte del sustento por el cual se considera
necesario que reciban algún tipo de soporte o ayuda frente a la pandemia: “Considero
que soy una interna con riesgo de tener COVID-19, ante lo cual pido ayuda y agradezco
de antemano su apoyo”. Además, cuatro de las mujeres enfatizan en aspectos

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 Resistiendo a la COVID-19…

relacionados a su salud mental, indicando tener depresión a raíz de la reclusión en el

establecimiento penitenciario.
Ante ello, ofrecen dos rutas que se resumen en el pedido que realizan en la carta
colectiva: “Pedimos mejoras en el tópico, necesitamos leyes para procesadas,
conmutaciones de penas”. Es decir, hay una línea de propuesta o ruta de atención en
salud y una judicial. En relación a los procesos judiciales, se realizan pedidos de revisión
de casos (especialmente en los casos de personas procesadas) y justicia frente a los
mismos, estos últimos generalmente solicitados por personas que se encuentran
procesadas o en proceso de apelación de sus sentencias, mostrando preocupación de que
la sensación de injusticia se agrave con la crisis sanitaria. Por ejemplo, una de las mujeres
señaló: “No me parece justa la sentencia que estoy recibiendo (...)”. En relación a la
mejora de los servicios de salud dentro de los establecimientos penitenciarios, se solicita
mejoras en el tópico (considerando las enfermedades antes señaladas) y mejorar los
servicios de salud existentes dentro de la institución.
En ese sentido, de manera implícita se entiende que se busca crear rutas para deshacinar
los establecimientos penitenciarios y mejorar el sistema de salud de la institución
penitenciaria, dos aspectos que no son novedad, sino que retoman aspectos resaltados
desde la institución cuando se declara al INPE en estado de emergencia en el 2017. Se
podría indicar que las cartas, escritas en tono de pedido, tienen como trasfondo una
acción de reclamo sustentada en la crítica al sistema de justicia y penal, en tanto se señala
la necesidad de mejorar los procesos de conmutación de penas y el trato a las mujeres
que se encuentran procesadas y no sentenciadas.

3.2. La autorrepresentación de las mujeres privadas de libertad en las cartas

El análisis de las cartas nos permite reflexionar acerca de tres puntos que nos muestran
tensiones en la manera cómo se autodefinen las mujeres autoras de las cartas: el sentido
de colectividad entre las mujeres privadas de libertad, su posicionamiento frente a la
categorización penitenciaria, y su identificación como reproductoras de cuidado.

3.2.1. Sobre el sentido de colectividad

La primera tensión radica en el sentido de colectividad. Como hemos señalado, la carta

colectiva está firmada por “las internas 2 del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos”. Esta
firma transmite un sentido de colectividad que pocas veces se resalta dentro de las
prisiones. El sentido de colectividad en América Latina está siendo discutido en relación
al sistema de auto o cogobierno de las prisiones y cómo se gestionan las relaciones de
poder entre el personal penitenciario y las personas privadas de libertad (Pérez-
Guadalupe 1994, Veeken 2000, Antillano 2015, Darke y Garcés 2017, Bracco 2021). En ese
punto, nos interesa seguir ampliando la mirada del sentido de colectividad para
reconocer aspectos subjetivos e identitarios. Por ello, a continuación, profundizaremos
en cómo se construye esta colectividad, a fin de identificar los matices de quiénes forman

2 Considerando esta autodenominación, utilizaremos a partir de este momento la denominación de

“internas” para referirnos a las mujeres privadas de su libertad. Sobre este punto, consideramos que el uso
de “internas” como forma de nombrarse a sí mismas podría ser un tema a explorar a mayor detalle, pues
podría configurar otra forma en la que las mujeres asimilan el discurso penitenciario vinculado al
tratamiento y lo utilizan de manera estratégica.

1277
Bracco, Hildenbrand, Carranza, Lindley

parte del colectivo, de las particularidades de algunas de sus miembras y quienes no son
considerados como parte de dicha colectividad.
Como manifiestan las autoras de la carta colectiva, a través de ella, buscan alzar su “voz
de protesta” al sentirse “olvidadas”. Este olvido es una manera distinta de llamar a la
exclusión estructural que vivencia la población privada de libertad, y en este caso en
particular, de las mujeres que se encuentran en Anexo. El sentido de colectividad se
asocia a identificarse como aquellas mujeres que experimentan el encarcelamiento y han
sido olvidadas, excluidas frente a aquella otra población que vive en libertad. Como
manifiesta Assoun (2001), la exclusión puede entenderse como la consolidación de una
“brecha” (p. 30) en la construcción de prosperidad. Esta brecha separa a los sujetos que
conforman una masa, una comunidad. Metafóricamente, para el autor, el sujeto excluido
vive en supuestos “islotes” separados por líneas imaginarias que fueron cruzadas y que
lo distancian de una supuesta “media” o “mediana” más masiva. Es decir, se encuentra
simbólicamente separado de dicha comunidad. Es a partir de esta separación que los
sujetos excluidos, habitantes de islotes, no pueden construir un sentido de continuidad,
duración o estabilidad de los recursos que son necesarios para el desarrollo de la vida.
Cabe resaltar que Assoun no solo analiza la exclusión relacionada a la precariedad
material, sino que también se enfoca en los discursos simbólicos que legitiman dicha
exclusión.
Tomando en cuenta la definición de Assoun (2001), las mujeres privadas de libertad
estarían situadas concreta y simbólicamente en un “islote”: el establecimiento
penitenciario. Para dar cuenta de la brecha, las mujeres se refieren a hechos concretos
materiales como la ausencia de personal de la salud y medicinas para atender a las
mujeres diagnosticadas con COVID-19, y sostienen que el establecimiento es “una
bomba de tiempo”. A su vez, considerando el perfil socio-demográfico de las mujeres
privadas de libertad en el Perú que hemos detallado anteriormente, nos muestra que
muchas de ellas ya se encontraban distanciadas, ya habían cruzado aquellas líneas
imaginarias que nombra Assoun, ubicándolas en “islotes” de exclusión mucho antes de
su ingreso a prisión. Sus cartas representan esfuerzos para acortar la brecha, para acercar
su islote un poco más a la “media” masiva.
Si bien la carta colectiva nos muestra un sentido de colectividad, las cartas individuales
nos muestran las particularidades de las vivencias de las mujeres en prisión. Casi todas
las mujeres que escribieron cartas individuales refirieron de manera explícita que tenían
alguna enfermedad física, algunas haciendo mención de la enfermedad y otras
explicando cómo llevan la enfermedad y su tratamiento, considerando las dificultades
del contexto de pandemia. Por tanto, si bien la población privada de libertad se
encuentra metafóricamente en un “islote”, algunas mujeres se encuentran en “islotes”
aún más lejanos de aquellas líneas imaginarias. Así, hay una existencia de sentido de
colectividad pero permeado por las experiencias individuales que pueden disminuir o
agudizar la vulnerabilidad y que vuelven a las mujeres más o menos proclives a acciones
y procesos excluyentes, en mayor o menor necesidad de respuesta y garantía de
protección: se trata de un reclamo desde un enfoque de derechos humanos necesarios
para todas pero desde una mirada de urgencia diferenciada según determinados factores
de riesgo. Es decir, se expresa a la base la importancia de las garantías jurídicas de
promoción y protección de sus derechos fundamentales pero incorporando una mirada

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 Resistiendo a la COVID-19…

interseccional que de cuenta de las diferencias a partir de las múltiples opresiones que
vivencian las mujeres privadas de libertad según sus distintas dimensiones identitarias
y sociales (Tabbush y Gentile 2014, Campos 2014, 2016, Arduino 2019)
No obstante, la carta colectiva también nos muestra quienes, a pesar de también
experimentar una situación de privación de libertad, no pertenecen a dicho colectivo. Es
decir, no se encuentran en el mismo “islote”. Así, en la carta colectiva, se enfatizan los
privilegios con que cuentan algunas PPL que favorecen el acceso a la justicia y el ejercicio
de derechos fundamentales. Para comprender el uso de los privilegios dentro del sistema
penitenciario, nos ofrecen dos datos muy importantes sobre su situación legal: que el
“60% de la población” está en carácter de procesada y que hasta el momento se han
rechazado sus audiencias para observar posibles beneficios penitenciarios y, por tanto,
“no ha variado la situación de ninguna interna”. En contraposición, y dando cuenta de
los privilegios en un sistema judicial que responde de manera inequitativa, nombran a
“Fujimori, Oviedo, Yosiyama”. Los apellidos mencionados hacen referencia a Keiko
Fujimori, hija del exdictador del Perú, Alberto Fujimori, quien está siendo investigada
por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Actualmente, se
encuentra como candidata a la presidencia del Perú. Con el mismo fin, se mencionan a:
Jaime Yoshiyama, exsecretario general del partido fujimorista, también procesado por
lavado de activos y por recibir presuntos aportes ilícitos de Odebrecht para la campaña
presidencial de Keiko Fujimori en el 2011; y a Edwin Oviedo, el expresidente de la
Federación Peruana de Fútbol, quien se encontraba en prisión preventiva por el presunto
delito de homicidio de dirigentes sindicales. Las tres personas mencionadas fueron
liberadas/excarceladas durante la pandemia mientras cumplían prisión preventiva, por
diversos motivos (falta de proporcionalidad de la prisión preventiva, vulnerabilidad
frente a la COVID-19 y por razones humanitarias), todas sustentadas en el marco de la
emergencia por COVID-19 en nuestro país. Para la fecha en la cual la carta fue escrita,
todos los nombrados quienes se encontraban en prisión preventiva por menos de un año,
ya habían tenido audiencias para revisar sus casos y se encontraban en sus hogares en
arresto domiciliario.
Ante ello, las mujeres preguntan en la carta colectiva: “¿No merecemos justicia?”. La
búsqueda de justicia está ligada a aquellas mujeres que se consideran parte de dicho
colectivo que a la vez es heterogéneo, dadas las diversas experiencias de las mujeres
antes de y durante el encarcelamiento. Tomando en cuenta las cartas, las une la lucha
por la prevención en la salud y la preservación de la vida, y el hecho que son en su
mayoría procesadas, con distintas enfermedades y que no cuentan con los privilegios o
recursos (económicos, sociales y/o políticos) para acceder a la justicia.

3.2.2. Sobre la resocialización en clave de categorización penitenciaria

La segunda tensión está relacionada al posicionamiento de las mujeres frente a la

categorización penitenciaria. En las cartas individuales encontramos que la mayoría
sostiene encontrarse en el Pabellón A o en “etapa [de seguridad] mínima”. Como hemos
indicado, los pabellones de Anexo funcionan a partir de la clasificación de las mujeres
según etapas de tratamiento. Así, aquellas mujeres que escriben las cartas se encuentran
en una mayor progresión en el proceso de resocialización al que apunta el sistema
penitenciario o se consideran de menor peligrosidad. Asimismo, conectamos este dato
con la historia de Anexo: como mencionamos, en el Pabellón A aún se encuentran

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Bracco, Hildenbrand, Carranza, Lindley

mujeres sentenciadas por terrorismo, quienes fomentan normas de convivencia dentro

del pabellón, difunden el discurso del ejercicio de derechos en contexto de privación de
la libertad y quienes tienen un nexo con instituciones externas al control penitenciario.
Siguiendo a Scott (2000), quien busca desarrollar miradas complejas de las resistencias
de grupos subordinados, queremos dar cuenta de las tensiones que supone ubicarse
como mujeres en la “etapa mínima” o en el pabellón A.
Por un lado, el hecho de que en la carta se informe que se encuentran en el pabellón A,
desde el discurso penitenciario ubica a las mujeres como “buenas” internas. Es decir, el
término de “buena” interna se incorpora para expresar una dimensión simbólica que da
cuenta de una separación entre mujeres que cumplen las normas penitenciarias, se
encuentran más adelante en el proceso de “resocialización” o se consideran menos
peligrosas frente a otras mujeres que no cumplirían las normas penitenciarias, se
consideran problemáticas o que no “evolucionan” en su proceso de resocialización. A su
vez, al conocer la historia de la prisión, se podría hipotetizar que son aquellas mujeres
que se encuentran más organizadas colectivamente dentro del penal, se encuentran más
informadas acerca de sus derechos y quienes encuentran personas externas dispuestas a
difundir sus reclamos. De esta manera, estas miradas nos podrían indicar que, como
señala Scott (2000), hay un discurso público hegemónico en el cual las mujeres
estratégicamente se posicionan como “resocializadas” en comparación a otras mujeres
en su misma situación. Incluso, una de las mujeres que redacta una de las cartas
individuales señala: “No tengo ningún informe desde que ingresé, trabajo en cuidado
de los jardines del penal, hago manualidades varias para sustentar mis gastos y también
ayudar a mi anciana madre, que ella es lo más importante para mí (...)”. En la misma
línea, otra de las mujeres señala “Soy una persona que no cuento con antecedentes, soy
primeriza y en espera de mi apelación (...)”. En ambos ejemplos se fortalece el imaginario
de “buena” interna que implica cumplir con los mandatos de la institución penal en
torno a la disciplina y resocialización.
No obstante, también hay un discurso oculto, que se desarrolla “tras bambalinas” (Scott
2000, p. 21) y parecería reforzar la imagen hegemónica de resocialización, pero que a la
vez cuestiona y demanda cambios en el sistema; en este caso, el reconocimiento de su
vida, dignidad y salud en medio de una crisis sanitaria. Scott nombra al discurso oculto
como las acciones que ocurren en la “infra-política” (Scott 2000, p. 22). No se trata de
señalar que el discurso que se comunica sea falso o que las mujeres no creen en él, sino
de complejizar las relaciones de poder, cómo las personas que se encuentran
subordinadas por el poder institucional pueden interiorizar los mandatos, pero también
utilizarlos estratégicamente y en alianza con dicho poder para demandar
transformaciones. Entonces, las cartas escritas pueden ser, al mismo tiempo, una
apropiación e interiorización del discurso resocializador formal, y a la vez, un discurso
estratégico que, desde la alianza con el discurso formal, busca generar cambios en el
sistema, en este caso, enunciar sus pedidos y reclamos para afrontar la COVID-19 dentro
de la prisión.

3.2.3. Sobre su rol de reproductoras de cuidado

La tercera tensión está relacionada al posicionamiento de las mujeres frente a su rol de

reproductoras de cuidado. Las mujeres sostienen en la carta colectiva “... somos seres
humanos, también tenemos derecho a vivir”. En la misma línea que Cacopardo y

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 Resistiendo a la COVID-19…

Malacalza (2019), quienes analizan las protestas de mujeres privadas de libertad en

Argentina en el marco del 8 de marzo, las mujeres de Anexo describen violencias
estructurales y solicitan explícitamente se restituya su humanidad. Como sustentan
Cacopardo y Malacalza (2019), la carta estaría dirigida a restaurar la dignidad y afirmar
su humanidad.
Tratando de ir un paso más allá, nos preguntamos cómo las mujeres describen y
argumentan su sentido de humanidad. De esta manera, las mujeres resaltan su
humanidad en relación a sus responsabilidades como reproductoras del cuidado. Como
se ha señalado, en las cartas individuales la mitad de las mujeres señalan que son
madres. Se autoidentifican como “cabeza de hogar”, “cabeza de familia” o “madre
soltera”. Aquí, el rol de cuidado se vincula principalmente a la maternidad, aunque
especialmente en las cartas individuales, también se hizo mención a la familia en general
o a la preocupación por sus madres. Así, una de las mujeres señaló “Somos humanas,
madre de familia, hijas, ante la sociedad somos iguales”. De la misma manera, en la carta
colectiva señalan: “somos madres, hijas, abuelas”. Además, siete de las mujeres
fundamentaron sus pedidos en la necesidad de continuar cuidando de sus dependientes
(hijos, hijas, madres o padres adultos mayores). El rol de cuidado al que se refirieron en
sus cartas se enfatizó al momento de sustentar el motivo por el cual la justicia, mejora de
los servicios de salud, o soporte en general, eran necesarios: “no lo hagan por mí háganlo
por mi madre”; “tengo 1 menor hijo que me espera y una madre que depende de mí”;
“... me ayuden, para preservar mi vida y salud y por ende las de mis hijos menores”.
Estas frases nos invitan a pensar sobre la relación de las mujeres con los roles femeninos
asignados tradicionalmente por la estructura patriarcal. Para Guala (2016) los sistemas
penitenciarios contemporáneos tienen discursos y prácticas que son una hibridación
entre el control penal y las continuidades del discurso y prácticas religiosas católicas que
han caracterizado los inicios de la reclusión y el tratamiento de mujeres en América
Latina. Esto se observa fuertemente ligado a la dimensión sexo-género y a la
reproducción de estereotipos y roles de género tradicionales asignados a las mujeres. De
esta manera, la mujer que entra en conflicto con la ley penal es la antítesis de la mujer-
esposa-madre dedicada al hogar (Arduino 2019). Frente a ello, el proceso de
resocialización tiene la función de recomponer este conflicto. En consecuencia, el sistema
penitenciario tiene una mirada naturalizada y moralizadora con la cual se pretende que
las mujeres cumplan con ser pasivas, dulces, sensibles y maternales (Guala 2016).
Si bien el disciplinamiento penitenciario y el proceso de resocialización se basa en la
refeminización de las mujeres en la dimensión identitaria, Bosworth (1999) sostiene que
la manera de resistir al control del encierro también radica en esta dimensión. Así, el
hecho de que las mujeres se identifiquen con el rol idealizado femenino puede ser un
modo de disciplinamiento y, a su vez, un modo de subvertir dicho rol. De esta manera,
el análisis de la resistencia a nivel identitario está lleno de contradicciones, que pueden
distinguirse en su identificación como reproductoras de cuidado.
Por tanto, su identificación como reproductoras de cuidado puede ser una consecuencia
de la refeminización disciplinaria penal-religiosa. Sin embargo, es también desde esta
identificación como reproductoras de cuidado, especialmente desde su rol de madres,
desde donde las mujeres se sienten seguras y reafirman su identidad (Coba 2015, Zurita
et al. 2015), al mismo tiempo que preservan y fortalecen sus vínculos y pertenencia a

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Bracco, Hildenbrand, Carranza, Lindley

redes sociales en las que se espera de ellas un rol de responsabilidad (Ward y Kassebaum
1965). Como sostienen Tabbush y Gentile (2014), es desde su rol de reproductoras de
cuidado que las mujeres privadas de libertad se permiten realizar reclamos públicos. De
esta manera, nos encontramos frente a una nueva tensión identitaria: es desde la alianza
con un discurso tradicional patriarcal usado en el sistema penal que las mujeres se
sienten con derecho para denunciar y reclamar, pues no se trataría de reclamos-amenaza
desde los márgenes o población que transgrede el orden deseado sino, justamente, desde
el respeto y alianza con las estructuras sociales.

4. Reflexiones finales
Las cartas nos muestran la violencia y la sensación de injusticia de las mujeres frente al
encarcelamiento. No solo se trata de las largas sentencias que muchas de las autoras
cumplen, sino que hay un sentir de exceso de punitividad dadas las condiciones
carcelarias. Podría señalarse que hay imbricación de castigos: a la sanción legal se le
suma, en esta oportunidad, la restricción al acceso a la salud. Es probable que muchas
de estas mujeres ya venían vivenciando esta restricción antes de entrar a prisión y
durante su experiencia de encarcelamiento antes de la aparición de la COVID-19, pero
es el contexto de emergencia sanitaria que logra evidenciarlo explícitamente y
potencializarlo. A pesar de la violencia estructural, las cartas muestran formas de
organización social que merecen ser atendidas y realizar mayores investigaciones en esa
línea.
Habiendo hecho mención al punto anterior, como sostienen Cacopardo y Malacalza
(2019), el análisis de las experiencias en prisión de las mujeres ha estado usualmente
enfocado en las formas de violencia estatal y las maneras de control y disciplinamiento.
La denuncia sobre las condiciones del encarcelamiento de las mujeres, así como, las
discriminaciones y violencias que se producen en los sistemas carcelarios aportan a
desestabilizar el imaginario de que las cárceles funcionan como productores de
seguridad social (Guala 2016). Sin embargo, esta exposición constante también ha
ensombrecido las luchas y agencias de las mujeres y se ha analizado poco sobre las
resistencias de las mujeres en este contexto (Arduino 2019, Cacopardo y Malacalza 2019).
Por tanto, en este artículo, si bien reconocemos las violencias estructurales y cotidianas
en las cuales viven las mujeres, planteamos que se establecen de manera dinámica y en
conjunción y en simultáneo con procesos de dominación, acciones y procesos de
agencias y resistencias.
Sostenemos que las cartas analizadas expresan las tensiones en las experiencias de
encarcelamiento desde las cuales las mujeres se permiten reclamar y proponer. Por un
lado, se muestra la tensión en el sentido de colectividad, entre la inclusión-no inclusión
a dicho grupo y la aceptación de colectividad heterogénea. Por otro lado, nos muestra la
relación de las mujeres frente a discursos penales-patriarcales de disciplinamiento.
Generalmente, el análisis se ha centrado en cómo dichos discursos disciplinan y moldean
las subjetividades y acciones de las mujeres, como una manera de ampliar y complejizar
la mirada, también proponemos que dicho disciplinamiento se vive en tensión, y es
desde ese espacio que las mujeres privadas de libertad performan su agencia. Así, el
reclamo y la denuncia de mejoras en sus condiciones de vida se realiza a partir de una
alianza (que podría considerarse estratégica) con los discursos disciplinarios.

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 Resistiendo a la COVID-19…

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