Entre 2022 y 2025, Ecuador enfrentó un panorama complicado de violencia interna, resultado del auge del crimen organizado, la corrupción en las instituciones y el colapso del sistema penitenciario. En respuesta a esta situación, el Estado Ecuatoriano aumentó el uso de la fuerza, y declaró estados de excepción, lo que involucró directamente a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y en un conflicto armado interno. Este ensayo presenta un análisis jurídico y constitucional de estas medidas, evaluando su legalidad, legitimidad y el impacto que tienen en el disfrute efectivo de los derechos humanos. La metodología empleada fue cualitativa basada en un análisis documental de normativas nacionales e internacionales, doctrina relevante y jurisprudencia. El documento se centra en una reflexión crítica sobre la importancia de mantener un equilibrio entre la seguridad ciudadana y la protección de los derechos fundamentales, a partir del estudio del marco legal ecuatoriano y los estándares internacionales.
Between 2022 and 2025, Ecuador faced a complex landscape of internal violence, resulting from the rise of organized crime, institutional corruption, and the collapse of the prison system. In response to this situation, the Ecuadorian State increased its use of force and declared states of emergency, directly involving the Armed Forces in internal security tasks and an internal armed conflict. This essay presents a legal and constitutional analysis of these measures, assessing their legality, legitimacy, and impact on the effective enjoyment of human rights. The methodology employed was qualitative, based on a documentary analysis of national and international regulations, relevant doctrine, and jurisprudence. The document focuses on a critical reflection on the importance of maintaining a balance between citizen security and the protection of fundamental rights, based on a study of the Ecuadorian legal framework and international standards.
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