El primero de enero de 1989 España asume por vez primera la presidencia del Consejo de la Comunidad y, por tanto, la presidencia también de las actuaciones comunitarias en el ámbito del Consejo en materias de I+D.
El desempeño de la presidencia reviste indudable importancia, no tanto por lo que a lo largo del semestre correspondiente el país que la detenta puede influenciar el procedimiento decisorio comunitario -pese al relieve del papel de la presidencia en este sentido-, cuanto por el prestigio político que supone su ejercicio, a través de la presidencia de numerosas reuniones del Consejo, grupos de trabajo y de la representación de la Comunidad hacia el exterior. En este sentido, el éxito de una presidencia se mide no tanto por el número de decisiones adoptadas o de acuerdos concluidos -pues en gran medida todo ello viene condicionado por actuaciones procedentes y factores ajenos a la propia presidencia- como por el hecho de que durante dicho semestre el funcionamiento del Consejo, en cuanto que institución comunitaria, haya sido el más adecuado. Junto a ello, en todo caso, el papel de la presidencia como impulsor de las actuaciones comunitarias en uno u otro sentido reviste un especial relieve.
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