Educación inclusiva: un derecho todavía pendiente en España tras una década de vigencia de la “Convención”
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Toboso Martín, Mario [1] ; Rodríguez Díaz, Susana [2]
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[1] Instituto de Filosofía
Instituto de Filosofía
Madrid, España
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[2] Universidad Nacional de Educación a Distancia
Universidad Nacional de Educación a Distancia
Madrid, España
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- Localización: Actas del VII Congreso de la Red Española de Política Social (REPS): ‘políticas sociales ante horizontes de incertidumbre y desigualdad’’. Celebrado el 4 y 5 de octubre de 2018 en Zaragoza / coord. por Alessandro Gentile, Ana Lucía Hernández Cordero, Borja Miranda Larré, 2018, ISBN 978-84-09-07522-5, págs. 730-744
- Idioma: español
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Resumen
Acaba de cumplirse una década desde la entrada en vigor en España de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tras esta primera década de vigencia, diferentes informes ponen de manifiesto la debilidad de su implantación y el consiguiente incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. En materia educativa, la Convención establece, en su Artículo 24, que los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, sin discriminación y en igualdad de oportunidades, y asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles. Para hacer efectivo este derecho, se cerciorarán de que se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales, y que se preste el apoyo necesario para facilitar su formación efectiva, en conformidad con el objetivo de su plena inclusión social. Aunque numerosos datos sugieren un avance significativo hacia la educación inclusiva en España, hay que tener en cuenta que la escolarización de un alumno con discapacidad en un centro ordinario no es sinónimo de educación inclusiva. Como consecuencia de la recepción de la Convención en el Derecho nacional, es en el ámbito de los derechos fundamentales en el que más modificaciones normativas quedan todavía pendientes. En esta comunicación repasaremos los cambios normativos producidos en estos diez años y evaluaremos si tales modificaciones de la legislación educativa significan avances reales para acabar con la educación segregada y habilitar los medios efectivos para establecer una verdadera educación inclusiva.