La lucha contra el dopaje ofrece unas perspectivas interesantes desde el punto de vista jurídico dado que remite a viejos conceptos como auctoritas y potestas o transacción y jurisdicción. Por una parte, el ordenamiento que ahora sanciona el dopaje tiene un origen privado, basado en la auctoritas de la Agencia Mundial contra el Dopaje, a pesar de que finalmente y de manera paulatina adquiere, mediante tratados y leyes, el respaldo o potestas de los poderes públicos. Por otra parte, la impugnación de las sanciones por dopaje, un ámbito lejano de la transacción y más cercano a la jurisdicción, solo procede, cuando se trata de los deportistas de élite, ante el Tribunal Arbitral del Deporte, con sede en Suiza, evitando en gran medida el control por los jueces ordinarios. En España se puede observar cómo los deportistas de élite están sometidos a la regulación internacional y cualquier controversia solo puede ser recurrida a Lausana, hurtándoles el acceso al control administrativo y también al amparo judicial. En cambio, para los demás deportistas se ha establecido un procedimiento administrativo en el que la aplicación corresponde a la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, cuyas actuaciones son susceptibles de control por un órgano administrativo, el Tribunal Administrativo del Deporte, pudiendo ser impugnadas las decisiones de este ante los tribunales contencioso-administrativos.
The fight against doping offers interesting perspectives from the legal point of view since it refers to old concepts such as auctoritas and potestas or transaction and jurisdiction. On the one hand, the order that now sanctioning doping has a private origin, based on the auctoritas of the World Anti-Doping Agency, despite the fact that it finally and gradually acquires, through treaties and laws, the support or potestas of the public powers. On the other hand, the challenge of doping sanctions, a distant area of the transaction and closer to the jurisdiction, only comes, in the case of elite athletes, to the Swiss Arbitral Tribunal of Sport, avoiding To a large extent control by ordinary judges. In Spain you can see how elite athletes are subject to international regulation and any controversy can only be appealed to Lausanne, stealing access to administrative control and also to judicial protection. On the other hand, for the other athletes an administrative procedure has been established in which the application corresponds to the Spanish Agency of Protection of the Health in the Sport, whose actions are susceptible of control by an administrative organ, the Administrative Court of Sport, being able Be challenged the decisions of this before the contentious-administrative courts.
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