Los intensos movimientos migratorios de las últimas décadas han acentuado el carácter multicultural de las sociedades opulentas, dando lugar a la presencia en un mismo espacio geográfico de multitud de minorías étnicas que se distancian de los modelos axiológicos hegemónicos. Es inevitable que en una realidad tan compleja surjan problemas de convivencia necesitados de respuestas desde las instancias públicas, entre ella del Derecho penal. Una mirada atenta al modelo político criminal de los países receptores para gestionar estos conflictos pone al descubierto una ambigüedad programada: por una parte se protege a las minorías frente a comportamientos racistas y xenófobos con el argumento respecto de la diversidad; pero al mismo tiempo se les estigmatiza mediante la criminalización expresa de ciertas tradiciones o ritos calificados de "bárbaros" y primitivos. Esa ambivalencia entre protección/sanción; vulnerabilidad/primitivismo, sustenta una política asistencialista marcada por una mirada colonial ajena al reconocimiento de derechos.
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