Una vez superada la etapa más aguda de la crisis del Covid-19, que ha supuesto una respuesta inmediata y contundente de la política económica, el gobernador plantea las medidas económicas prioritarias en la fase siguiente a la hibernación y la puesta en marcha, de manera urgente, de una estrategia ambiciosa, integral, permanente y evaluable de reformas estructurales y de consolidación fiscal.
En esta segunda fase de reactivación paulatina, la respuesta de la política económica, para sentar las bases de un crecimiento sostenible y equilibrado, tiene que combinar dos objetivos: apoyar la recuperación y facilitar el ajuste estructural. Y, en ese escenario, la sostenibilidad de las finanzas públicas debe estar garantizada.
Para potenciar la credibilidad y efectividad de esta respuesta inicial y de toda la estrategia de reformas: i) la expansión fiscal en el corto plazo debe presentarse acompañada de un plan de saneamiento de las cuentas públicas en el medio plazo, que procederá cuando la economía recupere una senda de crecimiento sólido; ii) las reformas estructurales deben acelerarse, para generar efectos positivos a muy corto plazo sobre las decisiones de gasto, inversión y contratación; iii) el consenso político debe garantizar la permanencia de la estrategia durante varias legislaturas.
En el corto plazo, las políticas de apoyo a la recuperación deberán acomodarse a la evolución de la situación sanitaria y la coyuntura económica. Ello supondrá mantener medidas monetarias y financieras orientadas a preservar el acceso adecuado a la financiación, extender y recalibrar el sostenimiento de rentas y expedientes de regulación temporal de empleo, nuevas medidas, como políticas activas de empleo y de formación de los desempleados y mejores procedimientos de reestructuración e insolvencia empresarial, y un impulso fiscal a la reestructuración del tejido productivo a través de la inversión en capital tecnológico, educación y formación.
En el medio plazo, los principales desafíos de la economía española inspiran la agenda de reformas estructurales que debe aumentar nuestro crecimiento potencial en el escenario de los próximos años. En el texto se detallan las medidas contenidas en esta agenda en respuesta a cada uno de los retos identificados: i) mejorar la dinámica de la productividad (fomento de la dinámica y el crecimiento empresarial, aumento del grado de competencia sectorial; mejora del capital humano e incremento del capital tecnológico); ii) reducir el desempleo y la precariedad del empleo (con menor temporalidad y políticas activas de empleo); iii) afrontar el reto del envejecimiento poblacional (reformas del sistema de pensiones); iv) reforzar las políticas de inclusión (ingreso mínimo vital y acceso a la vivienda);
v) favorecer la transición hacia una economía más sostenible (desde la política fiscal y el sistema financiero); vi) mantener un sector financiero saneado; vii) afrontar los nuevos retos (globalización y digitalización); viii) impulsar la reforma de la gobernanza europea (un fondo de recuperación europeo adecuado, avances en la unión fiscal, reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, culminación de la Unión Bancaria y una verdadera Unión de Mercados de Capitales); ix) garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas (un ambicioso programa de consolidación fiscal plurianual).
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