La digitalización y movilidad de sociedades en Derecho Europeo

• ANA FERNÁNDEZ-TRESGUERRES GARCÍA ^[1]
  1. [1] Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

     Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

     Madrid, España

     
• Localización: Revista de derecho de sociedades, ISSN 1134-7686, Nº 58, 2020
• Idioma: español
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• Dialnet Métricas: 3 Citas
• Resumen
  • español

    El objeto del presente artículo es realizar una aproximación a los principales elementos de las recientes Directivas (UE) 2019/1151, –Directiva digitalización- y (UE) 2019/2121 – Directiva movilidad-. Ambas integran el denominado Company Law Package, aprobado por la Comisión el 14 de abril de 2018 y negociado en un tiempo record. Suponen un hito jurídico y económico. La digitalización tiene su base en la interconexión de los Registros mercantiles europeos y se integra en la Europa digital, junto a otros instrumentos. La movilidad, busca un equilibrio entre la libertad de establecimiento y las garantías de sus stakeholders que no siempre consigue. La transparencia e inversión estable en las sociedades europeas encuentra además un útil instrumento en la Directiva (UE) 2017/828. Grandes retos para el legislador español.

  • English

    The aim of this article is is to provide an overview of the main elements of the recent Directives (UE) 2019/1151, –the “Digitalization Directive” - and (EU) 2019/2121 – the “Mobility directive”-. Both directives are part of the so-called Company Law Package, approved by the Commission on April 14, 2018 and negotiated in a record time. They are a legal and economic milestones. The digitization is based on the interconnection of European Business Registries and is integrated, alongside other instruments, into the European digital package. The mobility seeks a balance between the freedom of establishment and the guarantees of its stakeholders, a balance that it does not always achieve. Transparency and stable investment in European societies are also fostered through Directive. (EU) 2017/828. All these constitute great challenges for the Spanish legislator.