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El control del abuso en las modificaciones estructurales transfronterizas

  • Autores: Francisco Javier Arias Varona
  • Localización: La Ley mercantil, ISSN-e 2341-4537, Nº. 117 (octubre), 2024
  • Idioma: español
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • español

      El nuevo régimen aplicable a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas ha incorporado un mecanismo de control previo sustentado en la emisión de un certificado en el Estado de origen por una autoridad pública que, en nuestro caso, es el Registrador Mercantil. El certificado acredita el cumplimiento de los requisitos legales y procedimentales aplicables a esas operaciones en España. Bajo este análisis, la norma habilita al Registrador Mercantil para denegar el certificado cuando la operación tenga fines delictivos, fraudulentos o abusivos. El presente trabajo analiza esta facultad y ofrece pautas interpretativas para facilitar una aplicación de la norma coherente con la política jurídica que informa la nueva legislación, partiendo de lo previsto en la Directiva 2019/2121 y considerando la compatibilidad de la cláusula antifraude con los sistemas de protección específicos que se contemplan en la normativa a favor de trabajadores, acreedores y socios minoritarios.

    • English

      The new legislation on cross-border transformations, mergers and divisions has incorporated a prior control mechanism based on the issuance of a certificate from the State of origin by an authority which, in our case, is the Mercantile Registrar. The certificate accredits compliance with the legal and procedural requirements applicable to these operations in Spain. The Mercantile Registrar is allowed to refuse the certificate when the operation has criminal, fraudulent or abusive purposes. This paper analyses this power and offers interpretative guidelines to facilitate an application of the rule that is consistent with the legal policy that informs the new legislation, based on the provisions of Directive 2019/2121 and considering the compatibility of the anti-fraud clause with the specific protection systems provided for in the regulations in favour of workers, creditors and minority shareholders.


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