En una carta abierta una de las víctimas de Fernado Karadima le escribió a la cabeza de la Iglesia de Roma:
"No. Usted no es parte del problema… usted es el problema. Usted nombró y elevó al protector de un depredador. Usted lo protegió incondicionalmente durante tres años, a pesar de la enorme evidencia en favor de su remoción del obispado y del ministerio sacerdotal.No terminaba de reponerse de ese escándalo cuando se reveló un vergonzoso estudio de la Fiscalía de Pennsylvania, EE.UU. que mostraba que hubo allí abusos sexuales a más de 1.000 menores por más de 300 religiosos durante siete décadas, y lo peor, fue que desde 1963 el Vaticano conocía algunos de esos casos y optó por ocultarlos.
Usted reprimió e ignoró el tsunami de pedidos, súplicas y evidencias sobre la complicidad del obispo Juan Barros y su involucramiento con el sacerdote depredador, el P. Fernando Karadima. En 2011, Karadima fue removido de sus deberes sacerdotales y desterrado a una vida de penitencia tras ser encontrado culpable por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano.
Usted se burló de su propia “política de tolerancia cero.”
En agosto de 2018 Francisco visitó a la otrora católica Irlanda y encontró tramos de su recorrido en su papamóvil desiertos. La secularización y los escándalos de abuso sexual, también en ese país, mostraba una feligresía en retirada.
Luego vino el turno para prelados de gran nivel dentro del Vaticano. En noviembre de 2018 la justicia francesa mandó a prisión a ocho meses de cárcel al ex obispo André Fort por no haber denunciado los abusos sexuales del sacerdote Pierre de Castelet, quien fue castigado con dos años de prisión firme. El Obispo André Fort se había escudado en que los casos de abuso cometidos por el sacerdote le fueron contado en confesión y que por ello no podía ir a la justicia gala. La justicia del país donde nació el laicismo no hizo caso a ese argumentó y le condenó.
Sin embargo, un jerarca de más alto rango traería mayor desprestigio para la Iglesia de Roma. Se trata del número tres del Vaticano, el gran tesorero del Vaticano: George Pell. Este cardenal que fue considerado en la elección papal anterior como un posible sucesor de Benedicto XVI, acaba de ser declarado culpable de un cargo de agresión sexual y de otros cuatro cargos de atentado al pudor contra dos monaguillos que entonces tenían 12 y 13 años, por unos hechos ocurridos en la sacristía de la Catedral de San Patricio de Melbourne en los años 1990.
En un mundo más secularizado y en el que las amenazas al infierno son menos creíbles, decenas de víctimas han decidido salir a hacer escuchar su voz develando la siniestra estrategia de ocultamiento y traslado de los abusadores. La Iglesia, en sus inicios intentó revictimizar a las víctimas, se les acusó de querer lucrarse o de querer acabar con la institución. Sin embargo, la miríada de casos está mostrando que ese libreto se le está agotando a la autodenominada Santa Madre Iglesia.
Hace pocos días el propio Francisco pareció regresar a la estrategia de contratacar y afirmó que “Quienes se pasan la vida acusando a la Iglesia no son los hijos del diablo porque el diablo no tiene hijos, pero si son sus amigos, sus primos y sus familiares”.
Sin embargo, el imaginario diablo al que Francisco hacía referencia parece estar más dentro de sus filas, vistiendo sotana y organizando catequesis. Exorcizarlo requeriría que se entregaran a la justicia local todos los casos, aún los conocidos bajo el llamado “secreto de confesión”, cosa que ha escandalizado a muchos jerarcas católicos.
Justamente en agosto del año pasado el Vaticano se oponía a levantar el secreto de confesión para casos de daño a niños con estas palabras: “El sello sacramental es inviolable, por lo tanto, está absolutamente prohibido que un confesor traicione de manera alguna al penitente en palabras o de cualquier manera y por cualquier motivo”.
Mientras que en Australia y Chile las autoridades judiciales actuaban con fuerza contra los clérigos acusados de ocultar estos casos, en países en donde la Iglesia sigue teniendo una alta valoración social los sistemas judiciales parecen ser más débiles o lentos en hacer cumplir la ley e indisponer al clero.
En Colombia, por ejemplo, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia condenó a la Diócesis de El Líbano, Tolima a pagar una reparación a la familia de dos menores de edad desplazados que fueron abusados por el sacerdote Luis Enrique Duque. Este sacerdote fue escondido por la misma iglesia después de conocidos los hechos. Sin embargo, el fallo de 2015 sigue sin hacerse cumplir – hasta donde se sabe- tras acciones dilatorias de los abogados de la Iglesia.
De igual manera resultó escandaloso el caso de la Monseñor Darío de Jesús Monsalve, de la Diócesis de Cali quien se ha mostrado renuente a que su diócesis tenga que pagar reparación a las víctimas del sacerdote William de Jesús Mazo Pérez. Monseñor llegó a decirle al abogado de las víctimas en 2017 "Dígame cuáles son sus honorarios. Renuncie al tema y nosotros nos encargamos de las víctimas". Se supo que la Diócesis de Cali pagó a psicólogos para que disuadir a las víctimas de proseguir de sus denuncias contra la Iglesia.
También causa asombro la acción del arzobispo de Medellín Monseñor Ricardo Antonio Tobón Restrepo quien permitió el traslado a la Diócesis de Brooklyn al padre Roberto Cadavid, un sacerdote que tenía antecedentes de abuso sexual en dos colegios de los que fue rector. Una de las víctimas de Cadavid presentó a El Tiempo un cheque por seis millones de pesos, parte de un pago total por 88 millones, con los que, según el entonces monaguillo, el sacerdote habría comprado su silencio.
| Sacerdote Roberto Cadavid, trasladado a Brooklin tras dos casos de abuso reportados en Medellín |
Ver: Encubrimiento de pederastas en la Arquidiócesis de Medellín
Estos hechos parecen indicar firmemente que la Iglesia Católica en Colombia no se escapa al terrible fenómeno de abusos, ocultamiento y traslado de depredadores sexuales. Esperemos que algún día las víctimas de sacerdotes pederastas y sus encubridores en Colombia también tengan justicia.