Noticia El Tiempo
José Francey Díaz mató y quemó a su compañera sentimental y a su hija, de cinco años de edad.
La Fiscalía demoró meses armando el rompecabezas de esta trágica historia de amor. EL TIEMPO reconstruyó el caso por el que Díaz fue condenado a pagar 23 años de cárcel y la Iglesia, a una multa de 600 millones de pesos.
El negativo de una foto, que apareció a un lado de los cuerpos incinerados de una mujer y una niña, fue la primera pista que llevó a develar un crimen por el que esta semana fue condenado el sacerdote José Francey Díaz Toro, a 23 años de cárcel.
En la reconstrucción de estos asesinatos, por los que la Iglesia Católica tendría que pagar una indemnización de 600 millones de pesos, trabajó por meses un equipo de investigadores del CTI de la Fiscalía de Anserma (Caldas), Pereira y Bogotá.
El trabajo de este grupo empezó cuando Ebered Antonio Palacios, jefe de la Unidad Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI ) de Anserma (Caldas) y coordinador de la investigación, reconociera que María del Carmen Arango Carmona, de 32 años, y su hija María Camila Díaz Arango, de 5 años, reportadas como desaparecidas en Pereira, podrían ser las personas que encontraron incineradas, el 15 de febrero del 2007, a orillas del río Guática, entre Anserma y Belén de Umbría (Risaralda).
Los cuerpos fueron identificados tres meses después de que fueran enterrados como N.N., y su familia empezó a clamar justicia.
Atando cabos
El CTI empezó a analizar las pocas pruebas halladas cerca de los cadáveres quemados: aretes y accesorios para el cabello. Pero un negativo fotográfico, que se salvó de quemarse, fue la pieza clave para que los investigadores llegaran a la historia de amor secreta.
Con la intervención del Grupo de Fotografía del CTI de Pereira, que se encargó de realizarle un proceso de humectación al negativo y su ampliación al máximo, se restauraron las imágenes e identificaron a las personas que aparecían allí: María del Carmen, María Camila y el sacerdote Díaz Toro, párroco de la iglesia de San José, en Mistrató, un pequeño pueblo de Risaralda.
Entonces, empezaron a establecer la relación que podía existir entre las víctimas y el entonces sacerdote.
Al pedirle colaboración a la familia, Héctor Fabio Arango Carmona, hermano de María del Carmen, manifestó que ella y la niña, que vivían en Dosquebradas (Risaralda), fueron el domingo 11 de febrero del 2007 a Mistrató a visitar a un amigo (el sacerdote) y desde ese día no volvieron a tener noticias de ellas.
La Fiscalía siguió con los interrogatorios y pudo establecer que la mujer sostenía realmente una relación sentimental con el sacerdote y que la niña era su hija y llevaba su apellido.
Se habían conocido en 1995, cuando él era párroco de Buenos Aires (Cauca). Según información de la familia de la mujer, ella se fue de la casa con él. Tiempo después se radicaron en Dosquebradas (Risaralda), de allí al sacerdote lo trasladaron a Mistrató, municipio al que María del Carmen viajaba, al menos cada 15 días, a visitarlo.
Pero faltaba el motivo del crimen. La familia relató que el día en que María del Carmen llegó a Mistrató, los llamó y contó que tenía problemas con Díaz Toro, al parecer, porque él sostenía una relación con otra mujer, historia que fue confirmada por otros testigos.
María Beiba, la madre y abuela de las víctimas, declaró que ella le manifestó ese día, la última vez que la escuchó, que "no se iba a dar por vencida y estaba decidida a denunciarlo en la Diócesis para que renunciara al sacerdocio".
Asesinato después de misa
Pero faltaban las pruebas y, por eso, los investigadores allanaron la casa cural. Allí, con luces especiales, encontraron gotas de sangre, desteñidas en color café, en las paredes, en una cama, en el tablado, en las escaleras y otros lugares.
Con estas pruebas y con testimonios, como el de María Eugenia Vergara Cardona, empleada de servicio en la casa cural, quien declaró sobre la rara actuación del sacerdote después del hecho y de sus historias amorosas, se develó el crimen.
El CTI logró establecer que el lunes 12 de febrero, el párroco, después de dar la misa de 6 mató a María del Carmen y a su hija, dentro de la casa cural, en complicidad con el sepulturero del pueblo, Jorge Antonio Morales Ramírez, quien fue condenado, en febrero de este año, a 17 años y dos meses de prisión, por complicidad en el delito de homicidio agravado.
El crimen ocurrió, según la Fiscalía, aproximadamente, entre las 7:30 y 8 de la noche.
La mujer fue golpeada en la cabeza con una matera, en el tercer piso de la casa cural. El golpe fue contundente, su cuerpo rodó por las escaleras, hasta el segundo piso y, por eso, dejó marcas de sangre en este espacio de la casa. La niña fue asesinada después de su madre, mientras dormía en una habitación del segundo piso. La pequeña fue golpeada en la parte de atrás de la cabeza con la misma matera que fue asesinada su madre, inclusive, un pedazo de este objeto se le quedó enterrado en su cráneo.
Los dos hombres envolvieron los cuerpos de las víctimas en bolsas negras y en costales de fibra, las subieron al vehículo que estaba al servicio de la parroquia, un Samurai de placas PEK 073 y de color blanco, y recorrieron unos 40 minutos por carretera destapada hasta llegar a la orilla del río Guática, en donde rociaron los cuerpos con gasolina y les prendieron fuego con un fósforo.
El sacerdote regresó a la casa cural, a eso de las 2 de la madrugada del día siguiente, lavó la casa con agua y jabón, pero algunas manchas de sangre se le escaparon.
Hoy, el sacerdote, que fue expulsado de la Iglesia, permanece en una celda de la cárcel de varones de Anserma (Caldas), mientras la familia de las víctimas, que se mudó a Cali, espera la millonaria indemnización.
Polémica multa a la Iglesia
El 21 de noviembre del 2007 capturaron a Díaz Toro, quien durante la audiencia preliminar no aceptó los cargos.
Sin embargo, el 12 de diciembre de ese mismo año firmó un acta de preacuerdo con la Fiscalía, donde se acordó que purgaría una pena de 46 años de prisión como responsable del delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con homicidio agravado.
La pena quedó reducida a 23 años, gracias a la rebaja del 50 por ciento, por aceptación de cargos y se emitió la condena, en enero del 2008.
El pasado martes, el Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría (Risaralda), Otto Gartner, le dictó sentencia a Díaz Toro, quien hoy tiene 53 años, y además de la pena en la cárcel fue condenado a pagar una multa de 600 millones de pesos, que asumiría la Iglesia Católica haciendo uso del recurso de responsabilidad extracontractual por hecho ajeno.
Esta indemnización la recibirían los 10 hermanos de María del Carmen y su madre.
Gartner explicó que esta es la primera sentencia emitida en el país que obliga a la Iglesia a pagar por las acciones cometidas por un sacerdote.
La sentencia fue apelada por los representantes de la Conferencia Nacional Episcopal, la Diócesis de Pereira, la parroquia de San José de Mistrató y el abogado defensor. Ahora, la decisión está en manos del Tribunal Superior de Risaralda, ante quien se impuso la apelación.
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