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Organizaciones mafiosas imponen su régimen en el Puerto de Bilbao

[Ahoztar Zelaietak Hincapié aldizkarian idatzia]

Organizaciones mafiosas imponen su régimen en el Puerto de Bilbao


En el año 2006, la fiscalía anticorrupción procesó a una organización mafiosa que tenía su sede en el Puerto de Bilbao. Varios directivos de empresas ligadas a un sindicato fueron detenidas. En la actualidad, once años después, los dirigentes de ese sindicato desarticulado controlan desde la sombra una nueva cooperativa revestida de sindicato. Esta cooperativa cobra a sus miembros y clientes, estibadores y transportistas servicios que prestaría como sindicato. Fuentes consultadas por la revista Hincapié señalan que la negativa a pertenecer a este nuevo sindicato supone el ostracismo total en el Puerto de Bilbao. Además, afirman, que este sindicato moviliza a esquiroles y revienta piquetes para momentos de tensión o huelga en el Puerto bilbaíno.
El actual conflicto de la estiba en los puertos españoles también está vinculado a los de miembros empresariales de la casta española. En un cable filtrado por Wkileaks vía Sirya files, se recoge la inversión de la firma Noatum en el puerto de Bilbao. Esta firma, investigada por irregularidades en Valencia, está dirigida por el ex ministro del PP José María Michavila: con vínculos con la trama Gurtel. Noatum, (absorbió la filial portuaria de Dragados) es una de las principales operadoras de la terminal en los puertos de Valencia y de Bilbao.
El Puerto de Bilbao es fundamental para los negocios de la casta Premium de Euskadi. No es casual que los datos sobre los salarios de los estibadores que tanto ruido mediático han sacado fueran elaborados por su consultora de confianza, PricewaterhouseCoopers. Esta firma está liderada por el ex diputado de Hacienda del PNV, Javier Urizarbarrena. Cabe recordar que el actual presidente del Puerto de Bilbao es Asier Atutxa: cuyos intereses empresariales están ligados a distintos affairs. Las últimas obras del Puerto de Bilbao han estado envueltas en la polémica por sus condiciones laborales e incluso el fallecimiento de un trabajador.
La casta vasca con intereses en el puerto y los líderes del sindicato mafioso intervenido por la fiscalía anticorrupción también tiene intereses en Panamá. Sus operaciones allí han sido avaladas por el Gobierno Vasco.En 2011, José Antonio Mendizabal (uno de los dirigentes del sindicato detenido en 2006) viajó a Panamá con varios miembros de la casta portuaria. Esta misión comercial estaba promovida por el Gobierno Vasco. Miguel Aguirre, (otro de los detenidos en la operación de la fiscalía) era socio de los Loredo Mutiozabala. Esta familia dirige la Asociación de Constructores de Buques y han presidido el Real Club Marítimo del Abra, cuyo presidente es Juan Carlos I. Los Loredo Mutiozabala también figuran en una agrupación de interés económico con sede en Zierbena. En esta empresa, son socios de los Etxaniz Urzelai, contribuyentes vascos que aparecen en los papeles de Panamá. Martín Etxaniz Urzelay ha sido a su vez socio de Estrella Digital junto a Nicolás Redondo, German Yanke y Pablo Sebastián.
Los Loredo Mutiozabala montaron tres firmas panameñas a través de los abogados de confianza de los Pujol, Rodrigo Rato y los Borbones. Además, comparten intereses en empresas panameñas con el hermano mayor del socialista vasco Andoni Unzalu.
Los puertos de Euskadi no escapan a polémicas de corrupción que son más mediáticas si ocurren en otros puertos del estado español. Un caso de este falso oasis vasco lo encontramos en las operaciones de OHL en el puerto deportivo de Zumaia. En 1997, el Puerto de Zumaia adjudicó la construcción y su explotación a OHL. Pero la administración vasca decidió no publicar en boletín oficial el importe de la licitación. OHL está implicada en la financiación ilegal del Partido Popular, según el “fontanero popular” Francisco Correa. Otra empresas como FCC, ligada a la extra contabilidad del PP, protagoniza los affaires de la lonja de Pasaia o las obras del puerto en Deusto.

juicio Caso Saratoga y Riviera: La Narco-Policía Nacional al mando de la Trata de Blancas en Cataluña



Una vez más la policía adquiere el calificativo de "banda criminal". A raíz del Macrojuicio del Caso Saratoga y Riviera, se demuestran que no puede existir corrupción ni delincuencia sin un sistema de protección eficiente que mantenga la situación de explotación y privilegio. Policías, de oficio proxenetas, al frente de una organización dedicada a la trata de blancas, abuso de menores y posible pederastias, de esclavitud, secuestro y humillación. Una red mafiosa cuya única diferencia con la tradicional es el uniforme.

Policía nacional, una organización mafiosa
Hasta 20 personas cerdos, entre ellos el entonces comisario jefe y el inspector jefe de la brigada de extranjería de la Policía Nacional en Barcelona, varios de sus subordinados, un funcionario municipal, varios abogados, y los dueños de los prostíbulos Saratoga y Riviera, en Castelldefels (Barcelona) se sientan desde hoy en el banquillo acusados de pertenecer a una trama corrupta de prostitución ilegal y extorsión policial. La fiscalía pide penas de hasta 44 años de cárcel para algunos de los mandos policiales por supuestamente advertir a los locales de las inspecciones de extranjería a cambio de dinero y lujosos regalos.
El negocio de la explotación sexual
Según el ministerio público, los dos prostíbulos, que se encuentran clausurados desde el 2009 por orden judicial, explotaban a mujeres de origen extranjero, algunas de ellas menores de edad. Los mandos policiales del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ofrecían información confidencial a los propietarios sobre cuándo se llevaban a cabo las redadas a cambio de una remuneración, que entregaba el confidente policial y narcotraficante, Manuel Gutiérrez Carbajo [el chivato millonario].
Los establecimientos actuaban bajo el paraguas de la legalidad como si fuesen hoteles. Los propietarios exigían a las mujeres explotadas una cuota diaria. Muchas de ellas vivían allí mismo, se les obligaba a prostituirse en horarios estrictos de once horas seguidas y eran sancionadas si no cumplían determinados objetivos.
El fiscal señala que entre 2002 y 2008, los responsables de los clubes eran avisados de las redadas policiales gracias a su contacto con los máximos responsables policiales en la lucha contra la inmigración ilegal, el comisario jefe Luis G. G, y el inspector jefe Andrés O. B del CNP. Estos recibían importantes sumas de dinero, joyas, e incluso se les llegaron a pagar viajes y operaciones médicas.
 Presión a los locales para que aceptaran el chantaje
Antes de que se iniciara el presunto acuerdo mafioso, los dos clubes fueron objetos de importantes redadas policiales, que en caso del Riviera les supuso a sus propietarios 360.000 euros en multas. Los dueños del Saratoga se negaron en un principio al trato con los policías y fueron objeto de una redada que trascendió a los medios de comunicación y que les hizo perder clientes. Desde entonces, los propietarios de los prostíbulos aceptaron el chantaje policial. Según la fiscalía, también intervenían como intermediarios en los pagos tres abogados de Barcelona.
Cuando en el año 2005 los Mossos d’Esquadra se desplegaron en Barcelona, cambiaron los responsables de extranjería del CNP en la ciudad. El nuevo inspector jefe, José Javier M.P. desconocía estos acuerdos corruptos, y cuando tras una redada en Riviera uno de los detenidos llegó a la comisaría acompañado de un mando policial, lo denunció a su superior, que inmediatamente dejó en libertad al detenido. Poco después sucedió un hecho similar tras una actuación en el Saratoga. Trató de investigar qué estaba sucediendo, hasta que sus superiores le advirtieron de la situación. Entonces, se quiso sumar a la trama y amplió la extorsión a otros prostíbulos de Barcelona, exigiendo “cantidades de dinero desorbitadas”.

 Habitaciones ocultas para esconder a las mujeres
Finalmente, en el 2009 la magistrada del juzgado de instrucción número 33 de Barcelona ordenó entrar a los locales y clausurarlos. En los registros se encontraron varias estancias ocultas donde escondían a las mujeres en situación irregular y a las menores de edad durante las redadas. También documentos confidenciales del CNP que estaban en manos de los empresarios.
Por todo ello, la fiscalía imputa a los 20 acusados multitud de delitos, como asociación ilícita, extorsión, soborno, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental, infidelidad en la custodia en documentos y favorecimiento de la prostitución. La petición mayor de pena es para el inspector jefe José Javier M.P, un total de 44 años de cárcel; entre 17 y 22 años para el resto de mandos policiales, entre 15 y 20 para los dueños de los prostíbulos y entre 5 y 20 para los tres abogados implicados. También solicita el cierre definitivo de los dos locales y cuantiosas multas. http://www.lamarea.com/2013/09/16/macrojuicio-saratoga-riviera/

IMPLICADOS

 Luis G. G, Comisario jefe de Extrangería
Luis G. fue hace años comisario jefe de Extranjería, cargo del que dependen las unidades de las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif)  de la Policía Nacional, de la que otros cinco mandos y agentes también han sido detenidos o imputados e incluso encarcelados, acusados de interceder a favor de los burdeles Saratoga y Riviera, ambos en Castelldefels (Barcelona).
Andrés O. B, inspector jefe de la Ucrif
Cuando fue detenido, Andrés O. había dejado ya la Policía y se encontraba en el sector privado.
José Javier M.P, inspector jefede la Ucrif

Abundio N, Jefe de una de las unidades de la Ucrif : "No me voy a sentir comprado por un jamón"
Otro jefe de una de las unidades de la Ucrif, Abundio N., imputado por los delitos de prevaricación, favorecimiento de la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental, ha podido eludir la cárcel tras pagar una fianza de 2.500 euros. elmundo.es
José María M
Agente de la Ucrif. Actualmente destinado en alicante.

Ignacio L.Subinspector
Inspector de la Ucrif. Actuálmente ha abandonó el cuerpo y trabaja en el sector privado, en la misma empresa que Andrés O.

Manuel M.R., agente de la brigada de extranjería

 Raúl P. propietario del club de explotación sexual Saratoga
acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, cohecho, contrabando y favorecimiento de la prostitución ilegal.

Carmelo D, directore dle club de explotación sexual Saratoga.
acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, cohecho, contrabando y favorecimiento de la prostitución ilegal.

Fernando M., abogado
Acusado de extorsionar a los propietarios de burdeles de Barcelona en connivencia con uno de los policías imputados.

Carlos C, abogado
Acusado de extorsionar a los propietarios de burdeles de Barcelona en connivencia con uno de los policías imputados.

Alex G, abogado
Acusados de extorsionar a los propietarios de burdeles de Barcelona en connivencia con uno de los policías imputados.

Declaración ante el Juez del Dueño de los burdeles, Antonio H
El dueño del club 'Riviera' Antonio H., que ha gestionado una decena de burdeles en la Península, ha admitido su amistad con un presunto comisario corrupto de la Policía Nacional, a cuyo hijo pagó una consulta médica, así como contactos con altos mandos de cuerpos policiales de toda España.
El empresario no ha tenido reparos en reconocer sus contactos con altos mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y hasta la Ertzaina, como se desprende de una conversación intervenida en la que el dueño del Riviera alude a una comida de Navidad que iba a celebrar con "un coronel, un comandante y un capitán".
lavanguardia.com 

Antoni Salleras, el subinspector jefe de anticorrupción  implicado

El subinspector jefe de anticorrupción de la Comisaría General de Investigación Crimimal (CGIC) de los Mossos d'Esquadra, Antoni Salleras, ha tildado de "creíble" el relato del supuesto confidente Manuel G.C. de que los dueños de los burdeles de Castelldefels Riviera y Saratoga pagaban a policías por avisarles de redadas en los locales.
Salleras está imputado junto a otros mossos por el juez de Barcelona que investiga el caso Macedonia, que sospecha que pudieron haberle ocultado pinchazos telefónicos para proteger a un grupo de narcotraficantes, entre los que podría encontrarse el supuesto confidente, Manuel Gutierrez Carbajo, clave en esta investigación del caso de los prostíbulos.
Manuel Gutiérrez Carbajo, el narco del pico de oro


Para entregar los pagos o los regalos, la red utilizó como intermediario al confidente policial Manuel G.C., a quien el fiscal propone como testigo y que está siendo investigado por supuesto tráfico de drogas por otro juzgado de Barcelona, en unas diligencias en las que ha sido imputado un subinspector de los Mossos y cinco agentes acusados de protegerle.

Ajustes de Cuentas entre clanes mafiosos policiales: luchas por el territorio y el mercado
Al estilo de las monjas con los bebés robados, reminiscencia de la costumbre franquista de robar los bebés a las presas de la guerra civil para revenderlos, llegando a tratarlas como ganado humano, los maderos trafican con las crías cuando ya están un poco más creciditas, pero no mucho.

El caso Saratoga Riviera parece ser la réplica, ajuste de cuentas, que los Mossos d'esquadra dan a la intervenciónde la Policía Nazional en el caso Macedonia. Ambos casos surgen casi al mismo tiempo y comparten implicados, utilizados por ambos los clanes para ejecutar sus venganzas.

En el caso Macedonia se utilizó al  narco-chivato Manuel Gutiérrez Carbajo, para asestar un gran golpe, que no mortal, a la red mafiosa de Gossos, dedicada a la incautación y reventa de cocaína, hachís y heroína a traficantes. La intervención la realizó la Policía Nazional  en un claro aviso de que eran ellos los que controlaban el territorio. Se vió afectado Josep Lluis Trapero, nº3 del entonces consejero de Interior Fellip Puig. Posteriormente se usó como arma propagandística política en el show mediático habitual al que nos tienen acostumbrados.

Las conexiones entre la el Caso Macedónia evidencia la magnitud de la red. Esto solo es el principio de un hilo que los sicarios del estado y políticos quieren cortar por cualquier medio.

Nuestra intención es revelar nombres y apellidos, de modo que la sociedad pueda reconocer quiénes son los realmente peligrosos para sí. Por ahora parece evidente: la Policía! Uno a uno van saliendo.

Secuestro, esclavitud, tráfico de menores... ¿qué será lo próximo? ¿Tráfico de órganos? La realidad supera la ficción.

Policías dais asco!