35 AÑOS DE LA MUERTE DE JUAN JOSE CRESPO GALENDE "KEPA" EN HUELGA DE HAMBRE

Se han cumplido 35 años de la muerte de Juan José Crespo Galende, militante del PCE(r), en huelga de hambre dentro de la cárcel de Herrera de la Mancha, en lucha contra el aislamiento penitenciario. Con dicho motivo se celebró un acto en su pueblo natal, Las Carreras (Abanto), en la zona minera de Bizkaia, a la que asistieron unas 170 personas. Como es tradicional, se dio lectura a un escrito, se depositó un ramo de flores en el monumento que se levantó en una de las plazas de su pueblo y se bailó un aurresku de honor.

Juan José Crespo en el recuerdo

¡Eskerrik asko a todos, por estar hoy aquí!

Y cuando digo a todos, no me refiero únicamente a los que estamos aquí físicamente, sino también a aquellos que ahora están en nuestro pensamiento. Y, entre ellos hoy especialmente, a Juan José Crespo Galende.

Quizá, para algunos de los que les conocisteis, simplemente, Juanjo, Joe o Kepa. Sin embargo, para los que no tuvimos oportunidad de conocerle es tanto Juanjo, como Joe o Kepa; pero sobre todo es una persona a la que admiramos por su trayectoria vital, por sus ideas, valores y principios.

Juan Jose Crespo Galende nació en Las Carreras el año 1953, y fue en este pueblo donde vivió su infancia y juventud. Aquí, con parte de vosotros, fue haciéndose hombre y forjando su rebeldía contra la dictadura fascista de Franco. En el año 1975, con 22 años, comenzó a militar en el Partido Comunista de España (reconstituido).

Cuatro años más tarde, siendo responsable del aparato propagandístico del Partido, fue detenido en Madrid. Fue brutalmente torturado en comisaría y, posteriormente, junto a sus compañeros, fue sometido en la cárcel de Herrera de la Mancha a un cruel y tiránico régimen carcelario, conocido como “régimen de exterminio”, que tenía por finalidad la anulación de la personalidad y de la voluntad de los presos.

Pero Crespo y sus compañeros le hicieron frente. Dignidad o muerte era su lema. Y en una pacífica, pero cruenta batalla contra la inhumana intransigencia del Estado español, Crespo murió tras 3 meses y 5 días de huelga de hambre.

Tenía tan sólo 27 años. Era el 19 de junio de 1981, por aquel entonces, como hoy, fiestas de Las Carreras, que, en protesta, se interrumpieron parcialmente. Así pues, dentro de tres semanas se cumplirán 35 años de la muerte de Crespo. Y hoy hace tres semanas también se ha cumplido el 35 aniversario de la muerte en huelga de hambre del carismático militante del IRA Bobby Sands.

En su memoria, además de denunciar las torturas que aun hoy existen en las comisarías, y la dispersión a la que están sometidos los presos políticos y sus familiares, demandamos que Crespo sea reconocido como víctima de la violencia estatal. Y en ese sentido, pedimos también al Ayuntamiento de Abanto que apoye esta petición en reconocimiento de su vecino.

Para finalizar, nos gustaría citar las últimas palabras que Crespo dijo a su abogado antes de morir. Le dijo “Saluda de mi parte a la clase obrera y al pueblo de Euskadi, y, en especial, saluda a la gente de mi pueblo”. Pues bien, hoy es la clase obrera de Euskal Herria, y, en especial, la gente de tu pueblo la que te saluda: Beti arte, Kepa! ¡Hasta siempre, compañero!

MANUEL PEREZ MARTINEZ: EL FINAL DE UN PROCESO POLITICO por Socorro Rojo Internacional

"Los magistrados no conocen a Manuel Pérez. Nunca se preocuparon de escuchar lo que tuviera que decir en su defensa. No se practicaron ninguna clase de pruebas, si es que había alguna que practicar. No le condenaron por aquello de lo que le acusaban sino por lo contrario."

       Después de 15 años de proceso, el Tribunal de Estrasburgo acaba de confirmar las condenas dictadas por los tribunales españoles y franceses contra Manuel Pérez Martínez, secretario general del PCE(r).

Como era de esperar, el círculo se ha cerrado y siempre estuvo así. Nunca hubo ni la más mínima oportunidad, no sólo de una resolución favorable, sino de que las decisiones judiciales se ajustaran a la realidad de los hechos.

Manuel fue detenido en París en 2000, fue juzgado y condenado por los tribunales franceses, luego fue extraditado a España, vuelto a juzgar y condenar por los tribunales españoles y el círculo se ha cerrado en Estrasburgo ante uno de los máximos órganos judiciales de la Unión Europea, cuya tarea es velar y refrendar los derechos de los Estados a hacer de su capa un sayo.

A lo largo de 15 años se han comprobado los cambios operados en los procesos políticos, que refuerzan la potencialidad represiva del Estado frente a los movimientos de resistencia y a las organizaciones que luchan en defensa de la clase obrera y contra el fascismo rampante.

La principal de ellas es la amalgama, esto es, la asimilación de cualquier tipo de protesta consecuente al “terrorismo”, esa etiqueta multiusos tan cómoda, y a las organizaciones que practican la lucha armada, bien porque realmente existen o, en caso contrario, porque se inventan ficciones creadas a medida de las necesidades del momento.

Es consecuencia lógica de cualquier proceso político, que se diferencia claramente de un proceso penal común. Es también consecuencia de una concepción fascista de la represión procedente del III Reich en el que prevalece una responsabilidad de tipo objetivo.

Las amalgamas fueron características de los procesos políticos de la posguerra, en los que el fascismo abrió una “causa general” contra todas las organizaciones que en 1936 defendieron al Frente Popular, en bloque. No se trataba de lo que alguien, un antifascista, había hecho o dejado de hacer. Tampoco de lo que hubiera hecho o dejado de hacer una determinada organización o sindicato. La “causa general” se abrió en 1939 por el hecho de “ser” antifascista, de luchar por la libertad y la democracia. Esa “causa general”, como vemos, no ha terminado y hoy se esconde en figuras jurídicas como la “ley de partidos”.

El Derecho Penal democrático trata de diferenciar, de separar, mientras que el Derecho Penal fascista trata de unir, de mezclar y de confundir a unas personas con otras, a unas organizaciones con otras.

En el caso de Manuel Pérez, la Audiencia Nacional ha creado una amalgama definida como “PCE(r)-GRAPO” para condenar a los comunistas no por lo que hacen ellos sino por lo que hacen otros, por defender de manera consecuente a todos aquellos que luchan contra el fascismo.

Los procesos políticos están dirigidos políticamente. Su apariencia jurídica es puramente formal. Siguen siendo “causas generales” en las que no se juzgan unos hechos u otros, a unos antifascistas u otros, unas organizaciones u otras. Se trata de obtener una condena vitalicia con cualquier excusa, para lo cual el Ministerio del Interior instrumentaliza a los jueces y los fiscales, y si no consigue su objetivo, busca otros.

En el caso de Manuel Pérez, se fueron abriendo causas, una tras otra, que la propia Audiencia Nacional no admitió por tratarse de imputaciones descabelladas e infundadas. A medida que unas causas se cerraron se fueron abriendo otras, al estilo de los magos se van sacando conejos de su chistera.

En los procesos políticos no hay pruebas; lo que hay son policías y guardias civiles. El vacío absoluto se rellena con un desfile de funcionarios del Ministerio del Interior que no ponen ninguna prueba encima de la mesa: ellos son la prueba. Los acontecimientos son de la manera en que el Ministerio del Interior quiere que sean; a la carta, depende de las necesidades y de lo que sea necesario “demostrar”.

Hoy los procesos políticos se convierten en tautologías: los hechos se demuestran a sí mismos. Son la pescadilla que se muerde la cola. En el caso de Manuel Pérez tuvieron, además, que rizar el rizo. Al convertirle en el jefe de la fantasmagoría “PCE-GRAPO”, todo procede de la cúspide, lo bueno y lo malo, lo divino y lo humano. En el Derecho Penal se llama “inducción” y consiste en dar las órdenes, de tal manera que cuando hay algo que sancionar es porque detrás hay una orden, que siempre procede de la misma persona: Manuel Pérez.

Lo peor es que, si se le da la vuelta, a esa fantasmada se le añade otra más. Tratándose del “jefe” de algo, la cosa siempre puede ser peor. Los tribunales españoles no se han inventado una jefatura sólo para multiplicar las penas hasta la perpetuidad. Van mucho más allá. Son capaces de crear ejércitos sin tropas, es decir, órdenes sin que haya nadie que las cumpla, inductores sin inducidos. Como cabe esperar cuando se crean fantasmas, lo más probable es que el engranaje funcione en el más absoluto de los vacíos: Manuel Pérez daba órdenes, pero los tribunales no pueden decir a quién.

Es hasta lógico que una fantasmada de ese calibre no pueda ser digerida ni siquiera por una tribunal fascista, como la Audiencia Nacional, que fue absolviendo a Manuel Pérez de todas y cada una de las acusaciones que el Ministerio del Interior fue llevando al banquillo. Tuvieron que ir más arriba, al Tribunal Supremo, para lograr la primera condena por el enésimo montaje jurídico: la “comisión por omisión”, un auténtico encaje de bolillos de quien pretende sofisticación para esconder sus carencias de todo tipo.

El montaje de la “comisión por omisión” tenía un fallo clamoroso: después de años de juicios en los que la fiscalía decía -invariablemente- que todas las órdenes procedían de Manuel Pérez, el Tribunal Supremo decía todo lo contrario. No había tales órdenes. Por lo tanto, tampoco existía la amalgama “PCE(r)-GRAPO”. No había nada, reconocía el Tribunal Supremo, que condenó a Manuel Pérez precisamente por eso: por omisión. Por no haber, ni siquiera había órdenes.

Era la ratonera que cabía esperar. No te escapas: si haces te condenan y si no haces también te condenan.

La trampa fue tan evidente que el Tribunal Supremo no logró unanimidad. Algún magistrado escrupuloso votó en contra y no le faltaban motivos. En realidad, empeñado en condenar a costa de lo que fuera, la decisión del Tribunal Supremo no sólo no solucionaba nada sino que lo empeoraba todo. No es que se vulneraran una o dos de las reglas formales que cualquier proceso tiene que cumplimentar, aunque sea para guardar las apariencias. Las vulneraba todas. En el Tribunal Supremo no hubo ningún juicio. Los magistrados no conocen a Manuel Pérez. Nunca se preocuparon de escuchar lo que tuviera que decir en su defensa. No se practicaron ninguna clase de pruebas, si es que había alguna que practicar. No le condenaron por aquello de lo que le acusaban sino por lo contrario. Se le llama “salir por peteneras”. Si no te condenamos por esto te condenamos por lo otro. En fin, Manuel Pérez nunca tuvo la oportunidad de un recurso: se le condenó en primera y única instancia.

Por fascista que un país sea, un proceso de estas características puede hundirse en cualquier momento y el Ministerio del Interior nunca tuvo nada claro que la chapuza pudiera prosperar, así que antes de que el Tribunal de Estrasburgo emitiera su resolución buscó alternativas. ¿El palo o la zanahoria? Los dos. Por un lado, intentó negociar una compensación económica. Por el otro, siguió haciendo magia y sacando conejos de la chistera. Cambió un tribunal por otro y así logró una nueva condena que, por la edad de Manuel Pérez Martínez y su pésimo estado de salud, se convierte en una cadena perpetua, que era su objetivo.

ISABEL APARICIO SANCHEZ. SE CUMPLEN DOS AÑOS DE UN CRIMEN DE ESTADO Manuel Arango Riego

"Sus continuos sufrimientos debido a sus dolencias físicas; al igual que su fallecimiento; no fueron hechos inevitables. Formaban parte de todo un proceso de exterminio físico planificado por el Estado fascista español contra los presos políticos."

                                    Mientras centenares de presos políticos se encuentran dispersos por toda la geografía carcelaria española y un buen número de ellos se hayan gravemente enfermos, nos estamos acercando al día 1 de abril, cuando hace dos años se consumó el asesinato político de Isabel Aparicio Sánchez, veterana militante comunista del PCE(r) desde los años 70.

Sus continuos sufrimientos debido a sus dolencias físicas; al igual que su fallecimiento; no fueron hechos inevitables. Formaban parte de todo un proceso de exterminio físico planificado por el Estado fascista español contra los presos políticos. Isabel comenzó a padecer este proceso de exterminio tan pronto fue encarcelada en el año 2007; acusada de su militancia en el PCE(r).

Todo el mundo sabe que la represión contra los revolucionarios encarcelados es una política de Estado, que se viene prolongando durante décadas de falsa democracia bajo el régimen fascista español. Esta política incide con especial gravedad sobre los presos políticos enfermos, a los que se aplica una doble represión: la política represiva especial penitenciaria (dispersión carcelaria, aislamiento continuo, restricciones y prohibiciones, malos tratos, etc), más el abandono planificado en el terreno médico-sanitario.

Bajo esta doble política represiva vivió Isabel los últimos años de su existencia estando en prisión; unos años que fueron tan devastadores para su salud que ingresó en prisión con una enfermedad y poco más (nada que pusiera en peligro su vida) y falleció con varias enfermedades graves e incluso con algunas de ellas muy graves.

De tal manera que, al igual que dijimos hace dos años cuando falleció Isabel, seguimos estando en presencia de un crimen de Estado que no ha de quedar impune; lo mismo que no han de quedar impunes los crímenes fascistas cometidos sobre todos los presos políticos que han caído asesinados bajo la represión en las prisiones del Estado español.

Mientras tanto, la mejor y más inmediata forma de ir haciendo justicia popular por todos los presos políticos caídos bajo la represión en las prisiones es relanzando constantemente; de manera organizada y por todos los medios, la lucha por la amnistía política, que conlleva, de manera prioritaria, la lucha por la liberación de los presos políticos enfermos.

La alternativa está clara: la justicia popular y la amnistía, así como las libertades políticas, se imponen por la fuerza organizada y extensa.

Manuel Arango Riego. Prisión de Zuera. Febrero 2016.