"...no existe hasta el momento un censo lo suficientemente veraz de cuántos
son los prisioneros políticos, de conciencia y de guerra. Las
instituciones basan sus censos casi que únicamente en quienes están
siendo procesados por el delito de rebelión. Entre las organizaciones
defensoras de prisioneros políticos y los mismos prisioneros políticos
tampoco hay un consenso en torno a cuántos son realmente."
Liliany Obando es socióloga, defensora de derechos humanos, ex prisionera política.
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En Colombia sí existen prisioneros políticos. En el actual contexto
de conversaciones de paz del gobierno con la guerrilla de las FARC-EP y
ante el eventual inicio de conversaciones con el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), su reconocimiento es una necesidad imperiosa, pues no se
entendería que se llegara a un acuerdo de cierre del conflicto y los
miles de prisioneros políticos quedaran tras las rejas y menos que
quienes fueron injustamente condenados -los condenados inocentes- no
tuvieran la posibilidad de la revisión de sus casos y de esta forma, de
una reparación, así sea tardía.
La cruenta y larga data del conflicto interno armado colombiano ha
hecho que la naturaleza de quienes se encuentran hoy en las cárceles
como prisioneros políticos sea cada vez más compleja.
No se trata exclusivamente de aquellos hombres y mujeres combatientes
miembros de las insurgencias a quienes el derecho internacional define
como prisioneros de guerra, sino que hoy la gran mayoría de los
prisioneros políticos colombianos son población no combatiente, presos
políticos de conciencia y presos políticos en razón del conflicto
interno armado. Estos últimos pertenecen a la oposición política no
armada, son defensores de derechos humanos, pensadores críticos, o hacen
parte de los movimientos sociales, de los sindicatos, del movimiento
estudiantil, de las organizaciones campesinas, indígenas, de las
negritudes, etc.
Esta es una trágica realidad que, entre otras, se explica claramente
por una política de desnaturalizar el delito político y convertir el
universal derecho a la rebelión en un delito, el cual es usado como arma
para perseguir a quienes se encuentran en la oposición, bien sea armada
o legal. Por esta vía, miles de prisioneros políticos ni siquiera están
siendo judicializados o condenados por delitos políticos propiamente
dichos, como la rebelión, sedición y asonada y sus delitos conexos, tal
como establece el sistema penal colombiano, sino que les son imputados
cargos que se salen de la órbita del delito político, de manera
independiente.
Hablamos de delitos comunes graves como el terrorismo, el secuestro,
el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado de menores, el
narcotráfico, etc. Incluso, por la fraudulenta imputación de éste último
delito, el del narcotráfico, algunos prisioneros políticos han
terminado extraditados hacia Estados Unidos, aunque que la Constitución
Política colombiana prohíbe la extradición por delitos políticos.
De esta forma, asistimos a un panorama en el que gravemente
estudiantes y académicos son mostrados como terroristas; líderes
sindicales como financiadores del terrorismo y un sinnúmero de
campesinos y luchadores sociales como narcotraficantes. Pero también
están los cientos de prisioneros políticos de guerra, muchos de ellos
con graves mutilaciones sufridas en el momento de su captura en combate,
o enfermos terminales, que bien merecerían un trato acorde al Derecho
Internacional Humanitario. Unos y otros afrontando larguísimos procesos y
condenas en condiciones inhumanas.
De las presas políticas varias son madres, hayan sido combatientes o
no, varias además son cabeza de familia, lo que tiene una especial
implicación casi siempre ignorada, y muchas comparten el presidio con
sus hijos menores de 3 años. Para ellas, el sistema penitenciario y
carcelario y el aparato judicial funcionan en masculino, pues una
justicia diferencial y de género, pese a las varias leyes conquistadas
por mujeres para las mujeres, es en la práctica inexistente.